Brecha de cobertura pensionaria en México: el perímetro del SAR en 2026
Dimensiones, determinantes y proyecciones de la población mexicana que permanece fuera del sistema contributivo de ahorro para el retiro al inicio de 2026.
Contexto
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra, al cierre del tercer trimestre de 2025, cerca de 77 millones de cuentas individuales, según los informes trimestrales de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) al Congreso de la Unión. La cifra, que año con año aparenta crecimiento, oculta una brecha estructural: el número de cuentas no equivale al número de trabajadores con ahorro activo y efectivo para el retiro. Una proporción relevante de esos expedientes corresponde a personas que cotizaron esporádicamente, perdieron vínculo con el sector formal o nunca fueron registradas ante una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE).
La distancia entre la cobertura nominal del SAR y la cobertura efectiva define el problema central del sistema pensionario mexicano contemporáneo. Mientras la pensión no contributiva del Bienestar alcanza a prácticamente toda la población mayor de 65 años, el componente contributivo —el que determina la tasa de reemplazo individual al momento del retiro— convive con un mercado laboral en el que algo más de la mitad de los ocupados trabaja sin acceso a seguridad social. El presente análisis cuantifica esa brecha con datos oficiales y documenta sus determinantes.
Métricas de cobertura en el SAR
Al segundo trimestre de 2025, la CONSAR reportó 76.9 millones de cuentas individuales administradas. De ese universo, 68.8 millones aparecen como activas, mientras que 8.1 millones se clasifican como inactivas. Entre estas últimas se contabilizan 5.6 millones de cuentas inhabilitadas y 2.5 millones transferidas al Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo creado por la reforma de mayo de 2024.
El comportamiento reciente de las cuentas inhabilitadas merece atención. De acuerdo con datos publicados por CONSAR, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 este segmento creció de 2.78 millones a 5.52 millones, un incremento de 98.4 por ciento en doce meses. Las cuentas se inhabilitan cuando el titular deja de recibir aportaciones patronales durante al menos seis bimestres consecutivos, cumple 70 años en el régimen del IMSS o 75 en el del ISSSTE, o fallece sin que se tramite el retiro de los recursos. La expansión del saldo inhabilitado refleja tanto depuraciones administrativas como la magnitud del trasiego entre formalidad e informalidad.
Cuentas individuales administradas, SAR (segundo trimestre 2025)
| Segmento | Millones de cuentas | Participación |
|---|---|---|
| Cuentas activas | 68.8 | 89.5% |
| Cuentas inhabilitadas | 5.6 | 7.3% |
| Cuentas en Fondo de Pensiones para el Bienestar | 2.5 | 3.2% |
| Total administrado | 76.9 | 100.0% |
La cifra de cuentas activas, sin embargo, sobrestima la cobertura efectiva. Una cuenta se clasifica como activa mientras recibe aportaciones cuando menos una vez en un periodo reciente, aun si el titular volvió después a la informalidad. La métrica que mejor aproxima la cobertura real es la densidad de cotización, definida como la proporción de la vida laboral durante la cual el trabajador ha realizado aportaciones al sistema. La CONSAR reportó para el tercer trimestre de 2025 una densidad promedio de 67.7 por ciento entre quienes cotizan al IMSS y 78.8 por ciento entre quienes cotizan al ISSSTE. La diferencia refleja la mayor estabilidad laboral del sector público federal frente al conjunto del sector privado formal.
Una densidad de 67.7 por ciento significa que, en promedio, los afiliados al IMSS aportan a su cuenta individual durante dos de cada tres momentos de su trayectoria laboral. El tercio restante se pierde por periodos de desempleo, autoempleo, informalidad o salida del mercado laboral. Dado que los saldos acumulados y la elegibilidad pensionaria dependen directamente de semanas cotizadas y aportaciones capitalizadas, una densidad por debajo de 100 por ciento se traduce de manera automática en una tasa de reemplazo inferior a la teórica.
La exclusión estructural: informalidad y densidad de cotización
La frontera del SAR es, antes que una cuestión de diseño, un reflejo del mercado laboral. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) cerró el cuarto trimestre de 2025 en 55 por ciento y se situó en 54.8 por ciento en febrero de 2026, con cerca de 33 millones de trabajadores informales. En términos de la Población Económicamente Activa —25.0 millones de mujeres y 36.3 millones de hombres, según los boletines recientes del INEGI— la informalidad implica una exclusión de facto del pilar contributivo para aproximadamente la mitad de quienes trabajan.
El diagnóstico de carencias del CONEVAL, cuyas funciones fueron transferidas al INEGI en julio de 2025 manteniendo la metodología, confirma esta lectura desde el lado del bienestar. En la medición 2024 publicada en agosto de 2025, 48.2 por ciento de la población presentó carencia por acceso a la seguridad social, frente a 50.2 por ciento en 2022. La reducción de dos puntos porcentuales en dos años es significativa pero insuficiente frente al tamaño del rezago. La pobreza multidimensional se ubicó en 29.6 por ciento en 2024, y la carencia de seguridad social es la de mayor incidencia entre las seis dimensiones medidas.
La densidad de cotización y la informalidad interactúan en una lógica acumulativa: un trabajador que entra y sale del sector formal a lo largo de su vida obtiene finalmente un saldo menor al que habría acumulado con carrera completa. La reforma de 2020 —que reduce los requisitos de cotización de 1 250 a 750 semanas en 2021, con incrementos anuales hasta llegar a 1 000 semanas en 2031, y que escalona la aportación patronal por cesantía y vejez hacia un tope de 11.875 por ciento del salario base en 2030— atenuó, pero no resolvió, este problema. La reducción de semanas mínimas amplía el número de personas con derecho a pensión; la elevación de aportaciones incrementa el saldo terminal. Ninguna de las dos medidas, sin embargo, convierte en cotizante al trabajador que opera en la informalidad.
Brecha de género: cuentas, saldos y pensiones
La cobertura del SAR muestra un sesgo de género persistente. Datos de CONSAR referidos por publicaciones especializadas en 2025 señalan que el número de cuentas individuales a nombre de hombres supera en 13 por ciento al de mujeres, mientras que los recursos administrados bajo titularidad masculina son 26 por ciento mayores que los bajo titularidad femenina. Ambos diferenciales se explican por una menor participación laboral de las mujeres, salarios promedio más bajos, mayor intermitencia en el empleo formal y una proporción mayor de tiempo dedicado a cuidados no remunerados.
El resultado final es una brecha que la OCDE, en su edición de Pensions at a Glance 2025 publicada a finales de 2025, cuantifica en aproximadamente 35 por ciento: las pensiones que reciben las mujeres en México al término de su vida laboral son cerca de un tercio inferiores a las que reciben los hombres. La brecha resulta de la combinación de menor cobertura (menos mujeres llegan al pilar contributivo con semanas suficientes), menor densidad de cotización y menor salario de referencia.
La introducción en 2025 del Programa Pensión Mujeres Bienestar, que entrega 1 500 pesos mensuales a mujeres de 60 a 64 años y está encaminado a universalizarse, atiende parte del déficit al cierre de la vida laboral sin modificar los determinantes estructurales en la fase de acumulación. La brecha pensionaria de género en el pilar contributivo se mantendrá mientras persistan los diferenciales de participación y salarios.
El pilar no contributivo: Pensión del Bienestar
El pilar no contributivo ha absorbido buena parte del esfuerzo público por ampliar la cobertura pensionaria. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reporta, al cierre de 2025, 13.2 millones de derechohabientes y un presupuesto cercano a 484 mil millones de pesos. El programa es de carácter universal para personas de 65 años o más y entrega en 2026 un pago bimestral de 6 400 pesos —aproximadamente 3 200 pesos mensuales— a través del Banco del Bienestar.
La cobertura universal contrasta con la del pilar contributivo. A la vez, plantea interrogantes sobre complementariedad y suficiencia. Datos citados por el CONEVAL antes de su fusión con el INEGI indicaban que 33.3 por ciento de las personas de 65 años o más —alrededor de 3.2 millones— depende exclusivamente de transferencias sociales y carece de pensión por jubilación. Para ese grupo, el monto del Bienestar constituye el único ingreso regular, inferior a una línea de pobreza razonable si se aplica como piso de ingreso.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado por la reforma de mayo de 2024, añade un mecanismo orientado a los cotizantes del IMSS generación AFORE: ofrece un complemento para que trabajadores que se retiren con ingresos dentro de un tope —equivalente al salario promedio de cotización vigente al momento de la reforma— alcancen el 100 por ciento de su último salario. El estudio Pensions at a Glance 2025 de la OCDE destaca este complemento como el elemento distintivo de la reforma mexicana; su impacto en la tasa de reemplazo de los pensionados contributivos dependerá de cuántos trabajadores cumplan simultáneamente los requisitos de semanas y de ingreso al momento del retiro.
Perspectiva comparada
El documento Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe, elaborado conjuntamente por la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, sitúa la cobertura mexicana en el contexto regional. En promedio en América Latina y el Caribe, 64 de cada 100 trabajadores asalariados contribuyen a un plan de pensiones, frente a solo 17 de cada 100 trabajadores por cuenta propia. La brecha de participación laboral entre hombres y mujeres oscila entre 20 por ciento en países como Bolivia, Chile, Jamaica y Uruguay, y 40 por ciento en Guatemala, Honduras y México.
El indicador internacional que condensa desempeño y sostenibilidad del sistema, el Global Pension Index de Mercer CFA Institute, calificó al sistema mexicano con 69.3 puntos en su edición 2025, manteniéndolo en la banda B tras el salto desde 55.1 puntos (grado C) previo a la reforma de 2024. La mejora obedece al incremento escalonado de aportaciones patronales y al complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La calificación, sin embargo, evalúa el diseño del sistema y no necesariamente la cobertura efectiva; el débil desempeño mexicano en la subcomponente de integridad y cobertura continúa siendo advertido.
Proyecciones y sostenibilidad fiscal
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha documentado que el gasto público en pensiones —contributivas y no contributivas— equivale al 6 por ciento del PIB en 2025 y representa 23.5 por ciento del gasto programable del sector público. El análisis prospectivo del centro proyecta que, sin modificaciones adicionales al marco actual, el gasto en pensiones alcanzaría 7.1 por ciento del PIB hacia 2030, resultado de la transición demográfica y de la indexación por inflación de los programas existentes.
Esta proyección tiene implicaciones directas sobre la cobertura. El crecimiento de la pensión no contributiva, si bien universal, no se acompaña de un mecanismo que incentive el ingreso al pilar contributivo; si la transferencia no contributiva crece más rápido que la pensión promedio del SAR, el incentivo marginal al ahorro formal se debilita. La consolidación de un sistema de pilares articulados —no contributivo como piso, contributivo obligatorio como componente central, voluntario como complemento— exige que la brecha entre ambos pilares sea gestionable y que la cobertura del contributivo se expanda hacia trabajadores autoempleados y del sector informal.
Indicadores clave de cobertura pensionaria en México (2025-2026)
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Cuentas individuales administradas en el SAR | 76.9 millones | CONSAR |
| Cuentas inhabilitadas | 5.6 millones | CONSAR |
| Densidad de cotización promedio, IMSS | 67.7% | CONSAR |
| Densidad de cotización promedio, ISSSTE | 78.8% | CONSAR |
| Tasa de informalidad laboral, febrero 2026 | 54.8% | INEGI-ENOE |
| Carencia por acceso a seguridad social, 2024 | 48.2% | INEGI-CONEVAL |
| Beneficiarios Pensión del Bienestar | 13.2 millones | Secretaría de Bienestar |
| Brecha de género en saldos AFORE | 26% | CONSAR |
| Brecha de pensión esperada por género | ~35% | OCDE |
| Gasto público en pensiones, % del PIB 2025 | 6.0% | CIEP |
Conclusiones
- La cobertura nominal sobreestima la efectiva. Las casi 77 millones de cuentas del SAR conviven con 5.6 millones de cuentas inhabilitadas y una densidad de cotización del 67.7 por ciento entre cotizantes al IMSS. El trabajador promedio aporta únicamente dos de cada tres unidades de tiempo de su trayectoria laboral.
- La informalidad define el techo del pilar contributivo. Con 54.8 por ciento de los ocupados en la informalidad a inicios de 2026 y 48.2 por ciento de la población bajo carencia por seguridad social, la expansión del SAR depende sustantivamente de políticas fuera del propio sistema pensionario.
- La brecha de género en pensiones es integral. Los diferenciales en número de cuentas (13 por ciento), en saldos administrados (26 por ciento) y en pensión esperada (35 por ciento) responden a determinantes laborales estructurales que la expansión del pilar no contributivo solo atenúa al término de la vida laboral.
- El pilar no contributivo resuelve el umbral, no la suficiencia. La Pensión del Bienestar cubre universalmente a 13.2 millones de personas mayores de 65 años, pero su monto —3 200 pesos mensuales en 2026— resulta insuficiente como fuente única de ingreso en retiro.
- La reforma de 2024 mejora la calificación internacional, no la cobertura. El avance del índice Mercer de 55.1 a 69.3 puntos responde al complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar y al escalón de aportaciones patronales, no a una expansión del perímetro de cotizantes.
- La sostenibilidad fiscal introduce una restricción temporal. Con un gasto en pensiones que se proyecta en 7.1 por ciento del PIB hacia 2030 según el CIEP, la ventana para articular pilares y ampliar cobertura contributiva —especialmente entre autoempleados y trabajadoras— se estrecha.