Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2024: 1.38 billones de pesos de costos ambientales y el PINE en 76.6% del PIB
Lectura del CEEM 2024 del INEGI: 1.38 billones de pesos de costos por agotamiento y degradación, PINE en 25.7 billones y 0.7% del PIB en protección ambiental.
Contexto
El 1 de diciembre de 2025 el INEGI publicó, mediante el Comunicado de Prensa 150/25, los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) 2024, la cuenta satélite que mide el impacto del sistema productivo sobre el patrimonio natural. La entrega, con cifras preliminares y año base 2018, actualiza una serie que México produce desde principios de la década de 1990 y que se ha consolidado como el instrumento estadístico central para dimensionar el costo ambiental del crecimiento económico.
El ejercicio 2024 confirma dos hechos estilizados que definen el debate actual sobre sostenibilidad en México: la actividad económica sigue generando costos ambientales cercanos a un punto de cada veinticinco del producto —1.38 billones de pesos corrientes, equivalentes a 4.1% del PIB— y el gasto público destinado a compensar o prevenir esos costos se mantiene apenas por encima de un cuarto de esa magnitud, con 232,882 millones de pesos equivalentes a 0.7% del PIB. La brecha entre el costo estimado y la respuesta de política pública es, medida en las propias cuentas nacionales, del orden de tres a uno.
El SCAE de la ONU y la arquitectura del CEEM
Las CEEM son la aplicación mexicana del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE, o SEEA en su acrónimo en inglés), estándar estadístico internacional aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su Marco Central 2012 y ampliado en 2021 con el SEEA Ecosystem Accounting. El SCAE integra la información ambiental con las cuentas nacionales del SCN 2008, permitiendo tratar los recursos naturales como activos económicos y valorar los flujos de contaminación y agotamiento con los mismos criterios que la contabilidad tradicional.
El CEEM se construye bajo la clasificación SCIAN 2018 y toma 2018 como año de referencia. Se integra con la Cuenta Satélite del Turismo, la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares y otras cuentas satélite dentro del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Institucionalmente, la producción de las cuentas se coordina a través del Comité Técnico Especializado de Cuentas Ambientales y Económicas (CTE-CAE), que integra a INEGI, SEMARNAT, CONAGUA y otras dependencias del sector.
Del PIB al PINE
La lógica contable es aditiva. Al Producto Interno Bruto se le restan dos componentes para llegar al Producto Interno Neto Ecológico (PINE): el consumo de capital fijo, ya reconocido por el SCN tradicional, y los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA), la novedad del marco SCAE. El agotamiento captura la disminución del stock de recursos no renovables o de renovables usados por encima de su tasa de reposición —hidrocarburos, agua subterránea, recursos forestales— y la degradación captura el deterioro de la calidad del entorno provocado por emisiones al aire, contaminación del suelo y descargas de aguas residuales, entre otros.
El PINE no sustituye al PIB. Ambos indicadores conviven en el sistema estadístico y en el ejercicio 2024 se calcularon con el mismo aparato de fuentes primarias que produce las cifras trimestrales del PIB, garantizando comparabilidad. El PINE opera como referencia complementaria para el análisis de sostenibilidad y para el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, en particular el indicador 15.9.1 sobre integración de valores de biodiversidad y ecosistemas en la contabilidad nacional.
Radiografía 2024: 1.38 billones de pesos en costos ambientales
De acuerdo con el Comunicado 150/25 del INEGI, los CTADA de 2024 ascendieron a poco más de 1.38 billones de pesos corrientes, cifra que se descompone en 3.7 puntos porcentuales del PIB por degradación ambiental y 0.4 puntos por agotamiento de recursos naturales. La estructura es dominante en el componente de degradación: por cada peso de costo ambiental medido en las cuentas, alrededor de 90 centavos corresponden al deterioro de la calidad del ambiente y solo 10 centavos al agotamiento del capital natural físicamente extraído.
Degradación: 3.7% del PIB
El rubro más significativo son las emisiones al aire, con un impacto imputado equivalente a 2.5% del PIB. La cuenta incorpora tanto contaminantes locales (partículas, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre) como gases de efecto invernadero, valorados con precios sombra que reflejan los daños económicos y sanitarios asociados. La degradación del suelo aporta 0.6% del PIB, en un país donde la desertificación y la pérdida de fertilidad han sido documentadas por la SEMARNAT y el Colegio de Postgraduados en distintos ciclos.
El deterioro provocado por residuos sólidos urbanos y por aguas residuales completa el panorama. Según las cifras reportadas por INEGI en 2024, los residuos sólidos urbanos generaron un costo imputado de 124,438 millones de pesos, equivalente a 0.4% del PIB, mientras que las descargas de aguas residuales no tratadas costaron 68,609 millones de pesos, es decir 0.2% del PIB. Ambos rubros están articulados con los indicadores del Programa Nacional Hídrico y con las metas de cobertura del saneamiento urbano.
Agotamiento: 0.4% del PIB
El agotamiento se concentra en tres frentes. Los hidrocarburos aportan el costo más elevado dentro del componente, en línea con la caída secular de la producción petrolera reportada por PEMEX desde la maduración de Cantarell. El agotamiento del agua subterránea, medido por el sobreexplotación de acuíferos, aporta cerca de 0.1% del PIB, un dato que se ha vuelto más visible en el ciclo 2023-2026 por la sequía en el norte del país y por la reforma constitucional al artículo 4 en materia de derecho humano al agua. El deterioro de los recursos forestales aporta otro 0.1% del PIB.
Tabla resumen del CTADA 2024
| Componente del CTADA | Monto (mdp) | % del PIB |
|---|---|---|
| Emisiones al aire | ~840,000 | 2.5% |
| Degradación del suelo | ~200,000 | 0.6% |
| Residuos sólidos urbanos | 124,438 | 0.4% |
| Aguas residuales no tratadas | 68,609 | 0.2% |
| Agotamiento de hidrocarburos | ~66,000 | 0.2% |
| Agotamiento de agua subterránea | ~35,000 | 0.1% |
| Deterioro forestal | ~35,000 | 0.1% |
| CTADA total | ~1,382,000 | 4.1% |
Nota: los montos por rubro que no se reportan explícitamente en el Comunicado 150/25 se derivan de las participaciones porcentuales publicadas y del PIB nominal 2024. INEGI publica el detalle desagregado en el Reporte de Resultados 50/25 del CEEM 2024.
PINE 2024: 25.7 billones de pesos, equivalentes a 76.6% del PIB
Tras deducir consumo de capital fijo y CTADA, el Producto Interno Neto Ecológico alcanzó en 2024 un valor de 25.7 billones de pesos corrientes, equivalente a 76.6% del PIB a precios de mercado. La cifra es prácticamente indistinguible del 76.7% reportado por INEGI para 2023 en el Comunicado 690/24, cuando el PINE se ubicó en 24.4 billones de pesos, y confirma la estabilidad del indicador en la franja de tres cuartos del PIB observada en los ejercicios recientes.
La lectura sectorial es útil para dimensionar quién sostiene el PINE. De acuerdo con los reportes de resultados 2023 y 2024, los sectores que más aportan al indicador son Comercio, Otros servicios y las Industrias manufactureras. En el otro extremo, las actividades primarias y extractivas —minería, generación eléctrica con combustibles fósiles, agricultura intensiva— son las que concentran la mayor densidad de costos ambientales por unidad de valor agregado, aunque su participación en el PIB sea menor. Esa asimetría sectorial es central para el diseño de una política ambiental que priorice donde el costo social es más alto por peso producido.
Gastos en protección ambiental: 0.7% del PIB
En 2024 los Gastos en Protección Ambiental (GPA) del sector público sumaron 232,882 millones de pesos, equivalentes a 0.7% del PIB. La distribución interna concentra 32.2% en las actividades vinculadas al aire, medio ambiente y clima, y 20.8% en la gestión de los recursos hídricos, lo que ordena el gasto en torno a las mismas dos dimensiones que dominan la degradación. Sin embargo, el nivel agregado se mantiene por debajo del punto porcentual del PIB, un piso históricamente bajo si se contrasta con el peso del rubro en países OCDE con estándares comparables.
La proporción entre CTADA y GPA es indicativa de la brecha entre el costo estimado del deterioro y el esfuerzo público por prevenirlo o repararlo. Con 4.1% del PIB en costos ambientales frente a 0.7% del PIB en gasto de protección, la razón se ubica cerca de seis a uno. Aunque el CTADA y el GPA no son estrictamente compensables —el gasto público no repara todos los costos y algunos son irreversibles—, la comparación sugiere un déficit de cobertura fiscal que ha sido subrayado por CIEP, IMCO y organismos como CEPAL en sus análisis del presupuesto ambiental federal.
Cuentas de los Ecosistemas y agenda de capital natural
El CEEM se complementa con las Cuentas de los Ecosistemas de México (CEM) 2024, publicadas por INEGI en el Comunicado 190/25. Este segundo bloque de cuentas se articula con el marco SEEA Ecosystem Accounting adoptado por Naciones Unidas en 2021 y contabiliza los stocks y flujos de servicios ecosistémicos —regulación climática, provisión de agua, polinización, captura de carbono— en unidades físicas y monetarias. A diferencia del CEEM, cuyo foco es el costo del deterioro, las CEM son un mapa contable de lo que la naturaleza aporta a la economía.
El origen técnico de las CEM en México es el proyecto Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services (NCAVES), implementado entre 2017 y 2021 por INEGI y SEMARNAT con financiamiento de la Unión Europea y asistencia de la División de Estadísticas de Naciones Unidas y el PNUMA. Su institucionalización se ha traducido en la incorporación de indicadores de capital natural al Catálogo Nacional de Indicadores del SNIEG y en el trabajo conjunto con el Comité Técnico Especializado de Información sobre Cambio Climático.
Trayectoria 2003-2024 y lectura crítica
En perspectiva histórica, el CTADA como proporción del PIB ha descendido desde 6.0% en 2003 hasta 4.1% en 2024, una reducción de casi dos puntos porcentuales del producto. La lectura suele presentarse como evidencia de desacoplamiento entre crecimiento económico y presión ambiental, pero conviene matizar. Buena parte de la caída se explica por el cambio de estructura productiva —terciarización y menor peso relativo de sectores extractivos—, por la actualización del año base (de 2013 a 2018) que modifica ponderaciones y por revisiones metodológicas en la valoración de emisiones. En términos absolutos, los costos ambientales siguen creciendo en pesos corrientes: pasaron de 1.3 billones en 2023 a 1.38 billones en 2024.
Además, el CTADA subestima algunos costos por diseño. La valoración monetaria del daño por emisiones se basa en precios sombra internacionales que no incorporan la totalidad de los efectos sanitarios locales; el agotamiento de agua subterránea usa criterios conservadores frente a la sobreexplotación observada por la CONAGUA en más de un centenar de acuíferos; y la biodiversidad, en particular la asociada a ecosistemas terrestres y marinos, se contabiliza sobre todo en las CEM y no en el propio CEEM. Cada revisión metodológica desde 2013 ha tendido a ampliar la cobertura de rubros valorados, lo que sugiere que la trayectoria descendente del indicador convive con una frontera de medición aún incompleta.
En 2025, la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 y las leyes secundarias del 17 de julio de 2025 trasladaron al INEGI la atribución de medir la pobreza multidimensional que antes correspondía al CONEVAL, en el marco de un rediseño del sistema nacional de evaluación. Esa reconfiguración institucional coincide con una agenda internacional que, tras la adopción del Marco Mundial de la Biodiversidad Kunming-Montreal en 2022, exige a los países producir cuentas de capital natural comparables para dar seguimiento a las metas 2030. El CEEM y las CEM son la infraestructura estadística sobre la que descansa la capacidad de México para cumplir con esos compromisos.
Conclusiones
- El CEEM 2024 estima costos por agotamiento y degradación ambiental por 1.38 billones de pesos, equivalentes a 4.1% del PIB, con la degradación (3.7%) muy por encima del agotamiento (0.4%) y las emisiones al aire como componente dominante (2.5%).
- El PINE se ubicó en 25.7 billones de pesos, equivalentes a 76.6% del PIB a precios de mercado, cifra prácticamente estable respecto a 2023 y consistente con la reducción secular del CTADA desde 6.0% del PIB en 2003.
- Los gastos en protección ambiental del sector público sumaron 232,882 millones de pesos (0.7% del PIB), con una relación de cerca de seis a uno frente al CTADA, brecha que ubica al presupuesto ambiental por debajo del estándar OCDE.
- La articulación entre el CEEM y las Cuentas de los Ecosistemas de México 2024 consolida la infraestructura estadística mexicana bajo el marco SEEA de Naciones Unidas y la posiciona como referente en América Latina para dar seguimiento a los compromisos del Marco Mundial de la Biodiversidad y al ODS 15.
- La trayectoria descendente del indicador no debe leerse como consolidación de un modelo sostenible: convive con una frontera de medición aún incompleta y con incrementos absolutos del CTADA en pesos corrientes, lo que subraya la necesidad de incorporar los resultados del CEEM al ciclo presupuestario y a la evaluación de la política ambiental.