Datos abiertos en México: nuevo marco normativo y retos estructurales en 2026
Diagnóstico del ecosistema mexicano de datos abiertos tras la extinción del INAI, la llegada de los Lineamientos 2025 y la evidencia sobre calidad, cobertura y uso.
Contexto
El ecosistema mexicano de datos abiertos atraviesa la transformación institucional más profunda desde que el país se adhirió en 2015 a la Carta Internacional de Datos Abiertos. Entre finales de 2024 y 2025 convergieron tres movimientos que reconfiguraron por completo el arreglo de gobernanza: la reforma constitucional de noviembre de 2024 que decretó la extinción de siete organismos autónomos —entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)—, la publicación en marzo de 2025 de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la emisión en septiembre de 2025 de los Lineamientos en Materia de Datos Abiertos por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
El resultado es un modelo distinto: un organismo autónomo especializado fue sustituido por una dependencia del Ejecutivo Federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que absorbió cerca del 80 por ciento de las funciones del INAI con aproximadamente el 35 por ciento de su estructura. En paralelo, la rectoría técnica de los datos abiertos quedó depositada en la ATDT y en su Dirección General de Inteligencia de Datos. Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (datos.gob.mx) aloja 6,340 conjuntos de datos, cifra que contrasta fuertemente con los más de 40 mil conjuntos que llegó a reportar el portal en su momento de mayor cobertura hacia 2022.
Marco institucional: del INAI a la ATDT
La arquitectura anterior descansaba sobre tres pilares: el INAI como garante del derecho de acceso a la información, el Sistema Nacional de Transparencia como instancia de coordinación y una política intersectorial —ConDATOS (2023) y la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos 2021–2024— que articulaba a las dependencias. Las nuevas leyes publicadas el 21 de marzo de 2025 derogaron ese andamiaje. Los lineamientos publicados el 11 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación y vigentes desde el día siguiente completaron la transición al reemplazar formalmente los instrumentos previos.
La reasignación institucional tiene implicaciones operativas concretas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno concentra ahora atribuciones para sustanciar procedimientos de acceso a la información, mientras que un órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo asumió funciones de atención ciudadana. Los juicios de amparo en la materia quedaron en manos de jueces especializados del Poder Judicial. La ATDT, por su parte, se convirtió en la instancia rectora en materia de datos abiertos, con atribuciones para emitir lineamientos, definir estándares técnicos, evaluar la viabilidad de publicación y administrar la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
Lineamientos 2025: obligaciones de la APF
Los Lineamientos son vinculantes para toda la Administración Pública Federal, incluyendo Presidencia, Consejería Jurídica, secretarías de Estado, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, instituciones de crédito, seguros y fideicomisos públicos. Establecen cuatro obligaciones principales:
- Publicar los datos en formatos que permitan su libre acceso, uso, reutilización y redistribución.
- Designar un Área Coordinadora de Datos Abiertos que funja como enlace único con la ATDT.
- Formular un Plan Institucional de Publicación de Datos Abiertos.
- Implementar procesos que aseguren calidad y accesibilidad de la información desde su creación.
La norma no detalla régimen sancionatorio específico, extremo que comentaristas especializados han señalado como una debilidad. Como se documenta en la revista Nexos, los Lineamientos plantean un modelo de gobernanza más robusto y orientado al valor público, pero la política pública mexicana de apertura informativa ha enfrentado históricamente una sucesión de esfuerzos normativos sin continuidad ni arraigo institucional.
Estado de la oferta de datos
La Plataforma Nacional de Datos Abiertos consolida al 17 de abril de 2026 seis mil trescientos cuarenta conjuntos de datos provenientes de dependencias federales y gobiernos subnacionales. La distribución sectorial y la concentración institucional revelan un ecosistema asimétrico:
| Categoría o institución | Conjuntos de datos |
|---|---|
| Educación (categoría) | 1,420 |
| Salud (categoría) | 586 |
| Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez | 957 |
| Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | 563 |
| Instituto Politécnico Nacional | 139 |
| Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | 106 |
Dos programas sociales y una comisión sectorial aportan, en conjunto, más de la cuarta parte del total alojado en la plataforma. En el extremo opuesto, Cejudo, De los Cobos y Ramírez documentaron en su análisis publicado en Nexos en junio de 2022 que instituciones con una función estratégica publicaban cargas simbólicas: Banobras contaba con dos conjuntos y el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones con uno. El indicador no es anecdótico: una oferta numéricamente amplia no garantiza utilidad cuando las entidades con información de mayor valor económico o regulatorio permanecen marginadas del portal.
La comparación con series anteriores apunta a una contracción. En 2022 el portal central reportaba más de cuarenta mil conjuntos procedentes de 298 instituciones. La migración hacia la nueva plataforma administrada por la ATDT implicó una depuración cuyo alcance definitivo sólo podrá evaluarse con una auditoría independiente de trazabilidad.
Calidad, accesibilidad y uso
La evidencia disponible señala que la brecha crítica no está en la cantidad, sino en la utilidad efectiva de lo publicado. El Diagnóstico de Datos Abiertos 2025 elaborado por el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFO CDMX), resultado de 52 preguntas aplicadas a 102 instituciones —equivalentes al 70 por ciento de los sujetos obligados en la capital— entre mayo de 2024 y marzo de 2025, arroja un contraste revelador entre autoreporte y verificación:
- El 57 por ciento de las instituciones reportó publicar datos abiertos.
- Únicamente el 20 por ciento de los micrositios cumple con criterios de calidad técnica para que los archivos sean descargables y reutilizables.
- El 80 por ciento de los hipervínculos ofrecidos remite a portales de transparencia y no a conjuntos de datos estructurados.
- Sólo 10 instituciones (9.8 por ciento) emplea el portal oficial de datos abiertos de la Ciudad de México.
- El 23 por ciento cuenta con personal especializado y el 21 por ciento con infraestructura tecnológica adecuada.
- Apenas dos instituciones disponen de financiamiento dedicado a la función.
La Métrica de Gobierno Abierto 2023 coordinada por el INAI y el CIDE evaluó a 2,043 sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos. Sus resultados confirman la misma asimetría a escala nacional: Guanajuato encabezó la evaluación con 0.56 puntos en una escala de 0 a 1, seguido por Quintana Roo y la Ciudad de México con 0.54. El componente de datos abiertos registró la calificación más baja desde la primera edición del instrumento en 2017, tendencia que no se modificó sustancialmente respecto a 2021.
La edición de ese año había identificado que, en una muestra de 1,365 sujetos obligados, el 76.3 por ciento no publicaba datos abiertos en absoluto. La métrica agregada para los estados en materia de datos abiertos retrocedió de 0.16 puntos en 2021 a 0.08 puntos en 2023 según la revisión documentada por Alpízar Vázquez en Nexos Pacto Federal en diciembre de 2025.
Posición internacional
México mantiene presencia en los principales índices internacionales de datos abiertos, aunque los resultados recientes apuntan a un estancamiento. El Open Data Inventory (ODIN) de Open Data Watch ubicó a México en el lugar 28 de 187 países evaluados, con una puntuación de 76 sobre 100 en la edición 2024/25, seis puntos por encima de la evaluación 2022.
El panorama resulta menos favorable en el instrumento del Banco de Información de la OCDE. La edición 2023 del Open, Useful and Re-usable data Index (OURdata) asignó a México una puntuación de 0.71 en el agregado latinoamericano, sólo detrás de Colombia con 0.88. La edición más reciente incluida en Government at a Glance 2025 documenta un retroceso en el pilar de disponibilidad de datos respecto a 2023, sin que el informe de la OCDE identifique compensaciones en accesibilidad o apoyo a la reutilización. Los países con mejor desempeño en 2023 —Corea del Sur, Francia, Polonia, Estonia y España— concentran tres atributos que México ha logrado de manera desigual: continuidad institucional, inversión sostenida y una cultura administrativa de publicación por defecto.
Puntos de tensión
Tres debilidades estructurales se repiten en la literatura disponible y resulta pertinente explicitarlas:
Asimetría entre capacidad y mandato. Los Lineamientos obligan a toda la Administración Pública Federal a designar áreas coordinadoras y elaborar planes institucionales, pero el diagnóstico capitalino encontró que apenas 21 por ciento de las instituciones dispone de infraestructura tecnológica adecuada y sólo 23 por ciento cuenta con personal especializado. La brecha entre lo que la norma exige y lo que la burocracia puede entregar es una fuente previsible de incumplimiento nominal.
Volatilidad de plataformas. Cejudo y coautores documentaron casos como el portal de San Luis Potosí, que llegó a integrar 329 conjuntos de datos —entre ellos series sobre feminicidios de la Fiscalía estatal— y desapareció tras un rediseño en 2021. La sostenibilidad técnica y la preservación digital son condiciones necesarias para que la apertura tenga efectos de largo plazo.
Dependencia del patrocinio político. El modelo actual deposita la rectoría en una dependencia del Ejecutivo, a diferencia del esquema previo, donde el INAI operaba como organismo constitucionalmente autónomo. Esta reconfiguración concentra eficiencia operativa pero reduce el contrapeso institucional que tradicionalmente se asocia con los regímenes consolidados de datos abiertos en la OCDE.
Conclusiones
- El marco normativo se simplificó y centralizó. Los Lineamientos de septiembre de 2025 y la extinción del INAI sustituyen un arreglo tripartito por un esquema liderado por la ATDT y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La efectividad dependerá de la capacidad técnica real de estas nuevas instancias.
- La oferta cuantitativa se contrajo y se concentró. El portal nacional pasó de más de 40 mil conjuntos en 2022 a 6,340 al inicio de 2026, con una concentración significativa en programas sociales y una sola comisión sectorial.
- La calidad sigue siendo el cuello de botella. El diagnóstico del INFO CDMX y la Métrica de Gobierno Abierto coinciden: la mayor parte de los micrositios no permite descarga estructurada y el componente de datos abiertos es sistemáticamente el peor evaluado.
- La posición internacional es mixta. México conserva una clasificación intermedia en ODIN pero retrocede en el OURdata Index de la OCDE.
- La sostenibilidad institucional es el riesgo central. Sin presupuesto etiquetado, cuadros técnicos permanentes y mecanismos de evaluación independientes, el riesgo de una nueva oscilación normativa en el próximo ciclo político se mantiene alto.
La evidencia sugiere que la apertura informativa en México ha transitado de un problema de diseño regulatorio a un problema de implementación y arraigo burocrático. Cerrar esa brecha exigirá capacidades que hoy no están distribuidas uniformemente en la administración pública federal ni en la mayoría de las entidades subnacionales.