ENVIPE 2025: arquitectura de la medición de la victimización y la cifra negra en México

Contexto

El 18 de septiembre de 2025 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó, mediante el comunicado 127/25, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Se trata de la decimoquinta edición ininterrumpida de un instrumento que la Junta de Gobierno del INEGI declaró Información de Interés Nacional en diciembre de 2011, y que desde entonces constituye la principal fuente estadística oficial para dimensionar el fenómeno delictivo desde la perspectiva de las víctimas, con independencia de los registros administrativos que integra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La ENVIPE 2025 documenta la victimización ocurrida durante 2024 y capta la percepción sobre seguridad y desempeño institucional entre marzo y abril de 2025. Su publicación coincide con un ciclo de política pública marcado por la consolidación de la Guardia Nacional en el mando militar y la extinción de organismos autónomos, entre ellos el INAI, que hasta 2025 acompañaba las funciones de transparencia estadística del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). En ese entorno, la ENVIPE mantiene su papel de contrapeso técnico: mide lo que las carpetas de investigación no observan y traduce la percepción ciudadana en una serie comparable de quince años.

Arquitectura metodológica

La ENVIPE se construye sobre un diseño muestral probabilístico, estratificado, polietápico y por conglomerados, con representatividad nacional, estatal y por área urbana. El operativo 2025 visitó más de 102,000 viviendas, coordinado por diez Direcciones Regionales del INEGI y treinta y cuatro Coordinaciones Estatales. La unidad de observación combina al hogar con las personas de 18 años y más, lo que permite calcular tres indicadores centrales que estructuran cualquier lectura de la encuesta: prevalencia (víctimas por cada 100,000 habitantes), incidencia (delitos por cada 100,000 habitantes) y concentración (delitos por víctima).

La ENVIPE se aparta del registro administrativo en dos sentidos. Primero, capta los delitos que la persona reconoce haber sufrido con independencia de si los denunció ante el Ministerio Público, lo que hace visible la cifra oculta —o cifra negra— del sistema penal. Segundo, incorpora medidas subjetivas de percepción y confianza institucional, ausentes en los expedientes ministeriales. Esta arquitectura la ubica en la misma familia metodológica que el International Crime Victims Survey y responde a los estándares del Manual para las Encuestas de Victimización de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Incidencia y prevalencia delictiva en 2024

La ENVIPE 2025 estima 33.5 millones de delitos ocurridos en México durante 2024, asociados a 23.1 millones de personas víctimas de 18 años y más. La tasa de incidencia se ubicó en 34,918 delitos por cada 100,000 habitantes, con un aumento respecto a los 33,267 registrados en 2023. La prevalencia alcanzó 24,135 víctimas por cada 100,000 habitantes adultas, ligeramente superior al piso histórico de la serie: la prevalencia partió en 2010 de 23,993 víctimas por cada 100,000 habitantes, con lo que quince años después el indicador se sitúa apenas por encima de su nivel inicial y confirma una fase de crecimiento moderado en el bienio 2023-2024.

En términos absolutos, 11.4 millones de hogares —equivalentes al 29.0% del total nacional del país— tuvieron al menos una persona víctima de algún delito. La ratio entre delitos y víctimas indica que, en promedio, cada víctima sufrió alrededor de 1.45 delitos durante el año, un valor consistente con la concentración observada en años previos y que apunta a la existencia de un grupo de la población expuesto a episodios repetidos.

Composición de la incidencia por tipo de delito

La ENVIPE 2025 confirma un cambio estructural en la composición del universo delictivo. Por segundo año consecutivo, el fraude fue el delito más frecuente, con una tasa de 7,574 por cada 100,000 habitantes; le siguieron el robo o asalto en calle o transporte público con 6,003 y la extorsión con 5,971. Estas tres categorías concentran una fracción cercana a la mitad de la incidencia estimada.

El desplazamiento del fraude al primer lugar del ranking tiene dos implicaciones. Por un lado, INEGI reporta que los medios electrónicos son la principal modalidad de comisión, lo que traslada parte del fenómeno delictivo al terreno digital y erosiona la efectividad de los cuerpos policiales tradicionales, orientados a la disuasión en la vía pública. Por otro lado, la extorsión —crimen que la ENVIPE mide por primera vez con la nueva batería de preguntas armonizada con el diagnóstico del Gabinete de Seguridad— alcanza tasas comparables a las del robo callejero y se ha convertido en un ancla de la incidencia. En perspectiva de género, la ENVIPE 2025 estima una tasa de delitos sexuales contra mujeres de 4,160 por cada 100,000, lo que documenta una vulnerabilidad diferenciada persistente pese a la ampliación del catálogo de tipos penales estatales.

Cifra negra: el corazón del diagnóstico

El hallazgo estadísticamente más denso de la ENVIPE es la magnitud de la cifra negra. La encuesta 2025 estima que 93.2% de los 33.5 millones de delitos ocurridos en 2024 no se denunciaron o no derivaron en la apertura de una carpeta de investigación. Sólo 9.6% del total llegó a la instancia ministerial. Entre los delitos con menor tasa de denuncia se encuentran el secuestro, con 98.1% de cifra oculta, y la extorsión, con 97.0%: dos delitos de alta gravedad en los que la falta de reporte reproduce condiciones de impunidad estructural.

La distancia entre incidencia observada y expediente ministerial abierto tiene dos lecturas. La primera es institucional: las víctimas no acuden a denunciar porque perciben la gestión ministerial como una pérdida de tiempo, no confían en las autoridades o temen represalias, tres motivos que la propia ENVIPE ubica de forma sistemática en el podio desde 2011. La segunda es metodológica: la brecha entre la ENVIPE y el Secretariado Ejecutivo permite calibrar cualquier análisis basado sólo en cifras de carpetas iniciadas y advierte que, aun cuando el registro administrativo reporte caídas, la ENVIPE puede documentar una tendencia opuesta si la propensión a denunciar se reduce.

Percepción de inseguridad y confianza institucional

La ENVIPE separa la victimización de la percepción. A escala nacional, la encuesta reporta que la mayoría de la población adulta considera insegura su entidad federativa, con lecturas de percepción de inseguridad estatal superiores a 60% en la medición nacional y de 63.0% en la lectura del complemento urbano de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2026. La percepción se traduce en cambios de conducta: los adultos declararon haber dejado de permitir que menores de edad salieran sin compañía y de salir de noche, dos indicadores que la ENVIPE viene midiendo con la misma redacción desde 2013.

El bloque de confianza institucional muestra una jerarquía estable en el tiempo. La Marina se mantiene como la institución con mayor confianza —cerca del 91.0% de la población le confirió mucha o alguna confianza en la lectura ENSU de septiembre de 2025—, seguida por la Fuerza Aérea Mexicana con 89.3% y por el Ejército. En el terreno civil, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales registran indicadores más bajos y con mayor dispersión regional, lo que evidencia una brecha entre la confianza atribuida a las fuerzas de origen militar y la depositada en cuerpos con mando civil o local.

Costo económico del delito

La ENVIPE cuantifica también las pérdidas patrimoniales y las medidas de protección adoptadas por las víctimas. Con base en la edición 2025, el análisis de COPARMEX estima el costo económico del delito en 269.6 mil millones de pesos, equivalente al 1.0% del Producto Interno Bruto nacional, y en un promedio de 6,226 pesos por víctima. Esta cifra no incluye la carga presupuestal directa del gasto en seguridad pública ni el costo indirecto asociado a la reducción de actividad económica en zonas con alta prevalencia, dos componentes que otras métricas —como el Índice de Paz México del Institute for Economics and Peace— sí incorporan y que llevan el orden de magnitud a varios puntos porcentuales del PIB.

Distribución territorial

La distribución territorial de la victimización sigue concentrada en un corredor central de alta densidad urbana. De acuerdo con la ENVIPE 2025, el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Aguascalientes ocuparon los diez primeros lugares por tasa de víctimas. En el otro extremo del mapa, entidades tradicionalmente asociadas a niveles bajos de prevalencia registraron incrementos relevantes en la comparación 2022-2024: Oaxaca, Durango, Querétaro, Chiapas y Yucatán mostraron avances de entre 36 y 70 por ciento en tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes, según el análisis empresarial del ejercicio.

Esta redistribución sugiere una dinámica delictiva menos concentrada geográficamente que en la primera década de la serie. La lectura conjunta con los reportes de la ENSU permite anclar el análisis: la percepción de inseguridad ha caído en algunas ciudades del norte y ha subido en polos turísticos y agroindustriales del sur y sureste, lo que apunta a la relocalización parcial de mercados ilícitos y a la expansión de la extorsión a sectores productivos con menor tradición victimológica.

Retos analíticos y agenda 2026

La ENVIPE tiene tres frentes de mejora que se han vuelto explícitos en el ciclo 2025-2026. El primero es la incorporación plena de los delitos digitales al catálogo de tipos penales encuestados, en un contexto en el que el fraude por medios electrónicos concentra la mayor parte de la incidencia. El segundo es la actualización de la muestra frente a la nueva base demográfica del Censo de Población y Vivienda 2020 y de las proyecciones del CONAPO, que introdujo un factor de expansión revisado a partir del ejercicio 2023. El tercero es la integración con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para producir indicadores cruzados de victimización laboral y de género, agenda en la que el SNIEG ha avanzado en el marco del Plan Estratégico 2025-2034.

La agenda 2026 incluye, además, la publicación del proyecto de armonización con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto para conciliar las brechas de subregistro y de clasificación entre la ENVIPE y las carpetas de investigación. La utilidad estadística de la encuesta depende, en última instancia, de que estos ajustes no comprometan la comparabilidad longitudinal de una serie de quince años que se ha convertido en referencia obligada para la política de seguridad y para la evaluación externa de la impunidad.

Conclusiones

1. La ENVIPE 2025 confirma un segundo año de alza en la tasa de incidencia delictiva, que pasó de 33,267 a 34,918 delitos por cada 100,000 habitantes, con 33.5 millones de delitos y 23.1 millones de víctimas mayores de edad en 2024.
2. La cifra negra permanece como el rasgo dominante del sistema: 93.2% de los delitos no se denunció o no derivó en carpeta de investigación, y en secuestro y extorsión la cifra oculta supera el 97%, lo que limita cualquier análisis basado sólo en registros ministeriales.
3. La composición del universo delictivo se ha reconfigurado: el fraude, con predominio de medios electrónicos, se consolida como el delito más frecuente y desplaza al robo tradicional, mientras la extorsión alcanza tasas comparables a las del asalto en vía pública.
4. La percepción de inseguridad y la confianza institucional muestran una jerarquía estable, con las fuerzas de origen militar en el vértice de la confianza y las policías locales en el extremo inferior, patrón que se replica en la ENSU y que condiciona la propensión a denunciar.
5. El costo económico del delito equivale a alrededor de 1.0% del PIB en la estimación de COPARMEX, monto que no incluye el gasto en seguridad ni las externalidades productivas y que ubica al fenómeno delictivo entre las principales presiones estructurales sobre el crecimiento.
6. La agenda 2026 exige actualizar la captura de delitos digitales, consolidar el nuevo marco muestral y avanzar en la armonización con los registros administrativos para preservar la comparabilidad longitudinal de una serie que, en su decimoquinta edición, se ha consolidado como referencia estadística irremplazable del diagnóstico de seguridad en México.