ENVIPE 2025: victimización delictiva al alza, cifra negra persistente y costo equivalente al 1.07% del PIB
Lectura del comunicado 127/25 del INEGI: 33.5 millones de delitos en 2024, prevalencia de 24,135 víctimas por 100 mil habitantes, cifra negra de 93.2% y costo de 269.6 mil mdp.
Contexto
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) es la fuente primaria de información estadística sobre la incidencia delictiva y la percepción ciudadana en México. Se levanta anualmente desde 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) y cumple una función crucial: registra los delitos que las víctimas experimentan pero que no llegan a los registros administrativos de las procuradurías o fiscalías, la denominada cifra negra u oculta. Su publicación es una referencia obligada para el Poder Legislativo, los observatorios ciudadanos y la academia porque, a diferencia de los datos operativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la ENVIPE corrige el sesgo de subreporte y ofrece una medición estadísticamente representativa a nivel nacional y por entidad federativa.
El INEGI publicó el 18 de septiembre de 2025 el comunicado de prensa 127/25 con los resultados de la ENVIPE 2025 y el reporte de resultados 33/25. La encuesta se levantó entre marzo y abril de 2025 y su marco de referencia son los delitos ocurridos durante el año 2024. La lectura desmiente una lectura triunfalista de la trayectoria reciente en materia de seguridad. Aunque los indicadores de percepción de inseguridad urbana registran una moderación —el comunicado 40/26 de la ENSU de julio de 2026 documenta el mínimo del sexenio en 59.8%—, la victimización efectiva y la impunidad estructural que revela la ENVIPE 2025 no siguen la misma trayectoria descendente.
Metodología y cobertura
Diseño del levantamiento
La ENVIPE aplica un diseño probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados. La unidad última de muestreo es la vivienda; en cada una se selecciona a una persona informante mayor de 18 años para las secciones de victimización y percepción. La encuesta incorpora también un módulo específico para hogares con víctimas menores de edad. El diseño produce estimaciones representativas para el conjunto del país, las 32 entidades federativas y áreas de interés adicionales como zonas metropolitanas seleccionadas. El operativo de la edición 2025 se desplegó entre marzo y abril de 2025 y levantó información de 102,470 viviendas, con una tasa de respuesta compatible con la serie histórica.
Universo temporal y comparabilidad
La ENVIPE mide la victimización ocurrida en el año calendario previo a la aplicación y la percepción de seguridad al momento del levantamiento. Su marco de referencia es la Clasificación Estadística de Delitos con Fines Estadísticos (CEDE), lo que asegura comparabilidad interanual desde 2011. La serie histórica —con excepción de 2020, año en que la pandemia por COVID-19 obligó a un levantamiento telefónico— constituye la única fuente que permite construir tendencias de victimización efectiva en México con periodicidad anual.
Diferencia estructural con la ENSU y con el SESNSP
Tres fuentes principales conviven en el sistema estadístico de seguridad pública. La ENVIPE ofrece prevalencia e incidencia anual con corrección de subreporte. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publica trimestralmente la percepción de inseguridad y confianza institucional en 91 áreas urbanas. El SESNSP concentra las carpetas de investigación con periodicidad mensual pero refleja únicamente los delitos denunciados. La ENVIPE es, en la práctica, el termómetro que corrige la subrepresentación de las otras dos.
Los datos de la ENVIPE 2025
Volumen y prevalencia de delitos
La ENVIPE 2025 estima que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en el país. La tasa de incidencia se ubicó en 34,918 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra por encima de los 33,267 registrados en 2023. En términos de prevalencia, 24,135 víctimas por cada 100 mil habitantes de 18 años y más experimentaron al menos un delito, y 23.1 millones de personas adultas resultaron afectadas. A nivel de hogares, 29.0% reportó al menos una persona víctima. El comparativo desagregado por sexo arroja tasas de 25,010 víctimas por 100 mil habitantes en hombres y 23,399 en mujeres, con una asimetría notable en delitos sexuales, donde la tasa para mujeres alcanzó 4,160 por 100 mil.
Cifra negra y denuncia
El indicador más incómodo del reporte se mantiene prácticamente sin cambios respecto al año previo. De los 33.5 millones de delitos, 93.2% no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. En 2023 la misma cifra fue de 92.9%. Entre las razones que las víctimas alegaron para no denunciar destacan la pérdida de tiempo (34.6%), la desconfianza en la autoridad (14.0%) y los trámites largos y difíciles (10.2%). El desglose por sexo confirma la brecha de confianza: 14.8% de las mujeres frente a 13.3% de los hombres identifica a la autoridad como principal disuasor de la denuncia.
Composición por tipo de delito
El fraude se consolidó en 2024 como el delito con mayor incidencia, con una tasa de 7,574 hechos por cada 100 mil habitantes; el auge del fraude —particularmente en su modalidad electrónica— es consistente con el desplazamiento del riesgo hacia canales digitales documentado en varias fuentes complementarias. La extorsión, la amenaza verbal y el robo o asalto en la calle o el transporte público completan el mapa de delitos de alto impacto en volumen.
Distribución geográfica
Las entidades federativas con las tasas más elevadas de prevalencia delictiva fueron la Ciudad de México (54,473), el Estado de México (48,426) y Querétaro (45,107). La concentración de la incidencia en la megalópolis del Valle de México es un patrón estructural que la ENVIPE ha documentado con consistencia a lo largo de la serie: la conjunción de densidad poblacional, dinamismo económico y densidad de infraestructura crea el sustrato para volúmenes altos de delitos patrimoniales y contra la persona.
El costo económico del delito
Magnitud agregada
La ENVIPE 2025 estima que el costo total del delito en hogares —que incluye pérdidas materiales, gastos en salud, tiempo laboral perdido y gasto preventivo en medidas de protección— ascendió a 269.6 mil millones de pesos en 2024, equivalente al 1.07% del Producto Interno Bruto. El promedio del quebranto por víctima se ubicó en 6,226 pesos, cifra que representa un choque presupuestal significativo para hogares del segundo y tercer decil de ingreso conforme a la ENIGH 2024.
Componentes
El cálculo distingue dos grandes rubros. Por un lado, las pérdidas efectivas por victimización, que incluyen el valor de bienes sustraídos, gastos médicos derivados y otros conceptos vinculados al hecho delictivo. Por otro, el gasto preventivo o defensivo que realizan hogares y unidades económicas para mitigar el riesgo: bardas, cercas eléctricas, alarmas, cámaras, seguros patrimoniales, cerraduras, cambio de residencia. La proporción de hogares que reportó haber cambiado o adoptado alguna medida de protección se mantuvo elevada, con un impacto agregado que rebasa las decenas de miles de millones de pesos.
Comparativo con la serie histórica
La cifra de 1.07% del PIB coloca al costo agregado del delito por debajo del máximo registrado en 2016 (1.68%) pero por encima de las lecturas de 2020 y 2021, cuando la pandemia contrajo temporalmente la exposición a delitos patrimoniales y de calle. En términos absolutos, la ENVIPE ha registrado un crecimiento sostenido del quebranto, con matices asociados al ciclo económico y a la dinámica delictiva regional.
Percepción de seguridad y confianza institucional
La lectura de marzo-abril de 2025
Al momento del levantamiento, 75.6% de la población nacional de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro. La percepción se reduce conforme el ámbito espacial se acota: 64.7% para el municipio o alcaldía y 40.5% para la colonia o localidad de residencia. Solo 40.3% de las personas dijo sentirse segura caminando sola de noche en los alrededores de su vivienda; la brecha por sexo es marcada, con 32.3% en mujeres frente a un porcentaje sensiblemente mayor en hombres.
Divergencia respecto a la ENSU
La lectura de percepción de la ENVIPE 2025 se compara con la caída registrada por la ENSU en trimestres posteriores. La ENSU documenta una reducción sostenida de la percepción de inseguridad urbana desde el segundo semestre de 2024 y ubica el indicador en 59.8% en junio de 2026, el nivel más bajo del sexenio según el comunicado 40/26 del INEGI. La distancia entre la percepción estatal medida por la ENVIPE (75.6%) y la urbana medida por la ENSU un año más tarde no es estrictamente comparable —difieren el universo, la referencia territorial y la temporalidad del levantamiento— pero el contraste sugiere que la victimización efectiva y la percepción de seguridad han seguido trayectorias parcialmente desacopladas.
Confianza en autoridades
La ENVIPE 2025 reafirma la desconfianza estructural en instituciones de seguridad y justicia. La Marina y el Ejército son los cuerpos con mayor confianza, mientras que las policías municipales, ministerios públicos y fiscalías registran los niveles más bajos. Esta brecha de credibilidad se retroalimenta con la baja tasa de denuncia y contribuye a la persistencia de la cifra negra.
Lecturas divergentes: percepción y victimización
| Indicador | ENVIPE 2025 (2024) | ENSU 2T 2026 (junio) |
|---|---|---|
| Percepción de inseguridad (universo) | 75.6% nacional | 59.8% urbana |
| Marco geográfico | 32 entidades federativas | 91 áreas urbanas |
| Momento del levantamiento | marzo-abril de 2025 | junio de 2026 |
| Variable base | vivir en la entidad | vivir en la ciudad |
La divergencia entre ambos indicadores no invalida a ninguno. La ENSU capta la temperatura del momento en zonas urbanas y muestra una moderación relativamente reciente. La ENVIPE mide la percepción con un rezago de un año respecto al fenómeno victimal y en un universo más amplio que incluye entornos rurales, donde la exposición al delito adopta formas distintas —robo de ganado, extorsión a productores, secuestro exprés en carreteras. La lectura conjunta advierte que la mejora en la percepción documentada por la ENSU en 2025-2026 no ha eliminado la brecha con la victimización efectiva, y que el ciclo de percepción puede corregirse en la próxima edición de la ENVIPE prevista para septiembre de 2026.
Implicaciones estadísticas y de política pública
La ENVIPE como referencia normativa
El Programa Nacional de Estadística y Geografía 2025-2030 incluye a la ENVIPE en la relación de programas de información de interés nacional, lo que la sujeta al régimen de calidad, oportunidad y accesibilidad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Su continuidad y financiamiento son un punto de referencia para el debate sobre transparencia estadística en materia de seguridad. La existencia de una serie ininterrumpida desde 2011 —una excepción notable en la producción estadística mexicana— es una fortaleza institucional que las revisiones al SNIEG derivadas de la reforma orgánica del INEGI han preservado.
Cifra negra e impunidad
La estabilización de la cifra negra en un umbral cercano al 93% delimita el debate de política pública. El diseño de la nueva Política Nacional de Seguridad y de las modificaciones al modelo de justicia penal desde 2023 asume que reducir la subdenuncia requiere una combinación de simplificación procesal, atención efectiva de la víctima y reducción del tiempo de espera en los ministerios públicos. La ENVIPE 2025 documenta que dos de cada tres razones para no denunciar apelan a fricciones operativas de la propia autoridad y no a preferencias individuales de la víctima.
Género y victimización
La brecha de género se concentra en delitos sexuales y en la percepción de seguridad en el espacio público. Los datos de la ENVIPE 2025 son consistentes con el diagnóstico de la ENDIREH 2021 y con las políticas transversales de la agenda de igualdad recogidas en el Anexo Transversal 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. La ENVIPE, por su continuidad y desagregación estatal, es una herramienta central para medir la eficacia de las intervenciones específicas.
Costo económico y hacienda pública
El 1.07% del PIB en costo del delito equivale, en términos de referencia, a poco más de tres cuartas partes del gasto anual del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en 2025, o al doble del presupuesto federal aprobado para la Secretaría de Salud en el ejercicio fiscal comparable. Además del quebranto en hogares, la evidencia académica documenta un efecto persistente en la inversión y en la productividad agregada, particularmente en entidades federativas con incidencia sostenida por encima de la media nacional.
Conclusiones
- La ENVIPE 2025 rompe la lectura triunfalista de la seguridad. La incidencia delictiva subió a 34,918 por 100 mil habitantes en 2024, la prevalencia se ubicó en 24,135 víctimas por 100 mil y 29.0% de los hogares reportó al menos una persona víctima. La victimización efectiva no ha caído al ritmo con que lo ha hecho la percepción de inseguridad urbana medida por la ENSU.
- La cifra negra sigue anclada por encima del 93%. Nueve de cada diez delitos ocurridos en 2024 no llegaron a una carpeta de investigación; las razones apuntan a fricciones operativas de la autoridad y no solo a preferencias de la víctima.
- El costo económico se estabiliza en 1.07% del PIB. Los 269.6 mil millones de pesos calculados por la ENVIPE 2025 evidencian un quebranto concentrado en los hogares y con efectos regresivos: el promedio de 6,226 pesos por víctima representa una fracción mayor del ingreso en deciles bajos que en deciles altos.
- La divergencia con la ENSU obliga a leer ambas fuentes en paralelo. La caída de la percepción de inseguridad urbana en 2025-2026 documentada por la ENSU no se traduce, al menos hasta la lectura de la ENVIPE 2025, en una reducción proporcional de la victimización efectiva.
- La ENVIPE es una fortaleza del SNIEG. Su continuidad desde 2011, cobertura estatal y capacidad de medir la cifra negra la convierten en un insumo indispensable para el debate público y para el diseño de política; su preservación operativa y presupuestal es una prioridad institucional en el marco del Programa Nacional de Estadística y Geografía 2025-2030.