Fintech e inclusión financiera en México: balance 2026
Diagnóstico del ecosistema fintech mexicano y su contribución a la inclusión financiera, con cifras de la ENIF 2024, Banxico, CNBV y el avance de SPEI, CoDi, DiMo y la Ley Fintech.
Contexto
El sistema financiero mexicano ha vivido en los últimos siete años una transformación silenciosa pero profunda. La promulgación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF) en 2018, conocida como Ley Fintech, abrió la puerta a un nuevo tipo de intermediario regulado y empujó a los bancos tradicionales a digitalizar productos y procesos. La consolidación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) como infraestructura ubicua, sumada al lanzamiento de CoDi en 2019 y de DiMo en 2023, completó un ecosistema que en teoría debía empujar de forma decisiva la inclusión financiera del país.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre el 24 de junio y el 16 de agosto de 2024, ofrecen el primer diagnóstico de campo posterior a esa transformación. El balance es contrastante: la digitalización de los servicios financieros avanza con rapidez, pero la inclusión efectiva —medida por la tenencia y el uso de productos formales— mantiene brechas de género, geografía y origen étnico que las nuevas plataformas todavía no logran cerrar. El presente artículo recapitula las cifras relevantes y revisa el papel real de las fintech, los pagos digitales y el marco regulatorio en ese proceso.
Tenencia de productos financieros: avance amplio, brechas persistentes
La ENIF 2024 reporta que 76.5 % de las personas de 18 a 70 años tenía al menos un producto financiero formal —cuenta de ahorro, crédito, seguro o cuenta para el retiro—, lo que representa un aumento de 8.1 puntos porcentuales respecto al 68.4 % registrado en 2015. La cifra equivale a algo más de ocho de cada diez adultos en relación de cobertura potencial. Visto por producto, 63.0 % de la población contaba con al menos una cuenta de ahorro formal —18.9 puntos porcentuales por encima de 2015—, 37.3 % tenía algún crédito formal —8.2 puntos arriba de 2015— y 42.2 % registraba cuenta para el retiro en una administradora.
La brecha de género se mantuvo como el rasgo más visible del rezago. La tenencia de cualquier producto financiero alcanzó 80.9 % entre los hombres y 72.8 % entre las mujeres, una diferencia de 8.1 puntos porcentuales. La asimetría se profundiza al observar la cuenta AFORE: 51.4 % de los hombres reportó tener una, contra 34.2 % de las mujeres, brecha que excede los 17 puntos. La menor formalización del empleo femenino, combinada con trayectorias laborales discontinuas, explica buena parte de la diferencia.
La estratificación por origen étnico aporta un segundo eje de exclusión. La población hablante de alguna lengua indígena registró el menor acceso, con 58.2 % de personas con al menos un producto financiero, mientras la población afrodescendiente concentró la mayor cobertura observada en la encuesta. La distancia entre ambos extremos confirma que el sistema mantiene zonas de exclusión estructural pese al avance agregado.
Digitalización del uso: el cambio más rápido
Donde la transformación es más visible es en la forma en que los usuarios interactúan con sus productos. Entre 2021 y 2024, la proporción de personas con cuenta de ahorro formal que utilizaron aplicaciones de teléfono móvil para consultar saldos o realizar operaciones pasó de 54.3 % a 69.1 %. La banca por internet, en sentido amplio, alcanzó 39.2 % de los usuarios bancarizados, con una asimetría territorial significativa: 33.7 % en zonas urbanas frente a 13.5 % en zonas rurales, diferencia de 20.2 puntos porcentuales.
El cambio más nítido se observa en los medios de pago. La proporción de personas que utilizó transferencias electrónicas o aplicaciones móviles como medio de pago más frecuente para compras superiores a 500 pesos pasó de 0.3 % en 2018 a 7.6 % en 2024, con un incremento de 4.8 puntos porcentuales sólo respecto a 2021. La tendencia confirma una sustitución gradual del efectivo y de las tarjetas físicas en operaciones de monto medio.
La encuesta también midió la entrada directa al sistema a través de canales no tradicionales. En 2024, 10.3 % de la población había abierto al menos una cuenta a través de aplicaciones o plataformas no bancarias —cifra que en 2021 era de apenas 2.7 %—. Ese cuadruplicarse en tres años se explica casi por completo por el crecimiento de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y de las cuentas de bancos digitales.
Infraestructura: SPEI como columna vertebral
La radiografía macro confirma la observación de campo. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2025 el SPEI procesó más de 7,300 millones de transferencias electrónicas, lo que representa un incremento de 36.8 % respecto a 2024. El 94 % de esas operaciones tuvo un valor menor o igual a 1,500 UDIs, alrededor de 13,200 pesos, lo que indica que el sistema dejó de ser un mecanismo institucional para convertirse en infraestructura cotidiana de pequeños pagos. El 75 % de los adultos hizo al menos una transferencia SPEI durante el año, según comunicaciones oficiales del banco central.
La proyección publicada por Banxico para 2026 estima que las transferencias por SPEI superarán al volumen de pagos efectuados con tarjetas de débito y crédito, hito que en 2025 se acercaba ya: cerca de 11,000 millones de pagos con tarjeta frente a 7,300 millones de transferencias SPEI. Convertido en términos macroeconómicos, el SPEI moviliza anualmente un valor cercano a diez veces el producto interno bruto del país.
| Sistema | Operaciones 2025 | Crecimiento anual | Característica |
|---|---|---|---|
| SPEI | ~7,300 millones | +36.8 % | Transferencia interbancaria por CLABE, alias o número celular |
| Tarjetas (débito y crédito) | ~11,000 millones | Crecimiento moderado | Punto de venta físico y comercio electrónico |
| CoDi | ~17.8 millones acumuladas (6 años) | Estancado | Cobro por código QR sobre rieles de SPEI |
| DiMo | 7 millones de cuentas registradas | En expansión | Transferencia por número celular sobre rieles de SPEI |
CoDi y DiMo: dos trayectorias contrastantes
El balance de los dos sistemas de pago retail impulsados por Banxico es desigual. CoDi, lanzado el 30 de septiembre de 2019 como mecanismo de cobro por código QR, acumulaba al sexto año de operación 21.8 millones de cuentas registradas pero apenas 17.8 millones de operaciones realizadas en el periodo completo. El monto total movilizado fue de 16,720 millones de pesos, con un boleto promedio cercano a 875 pesos por transacción. Frente a los volúmenes de SPEI o de tarjetas, la participación de CoDi resulta marginal y especialistas en pagos retail han documentado durante 2025 una caída del orden de 18 % en transacciones respecto al año anterior. La distancia entre ambición declarada y resultado efectivo es notoria si se compara con el sistema brasileño Pix, que en pocos años se convirtió en medio de pago dominante en su país.
DiMo, en cambio, transita una curva ascendente. La plataforma permite enviar dinero usando el número celular del destinatario sin necesidad de CLABE ni alias bancarios y opera sobre la infraestructura del SPEI. Hacia finales de 2024, 21 instituciones financieras tenían el servicio habilitado y se reportaban alrededor de siete millones de cuentas bancarias registradas en la plataforma. La inclusión de Mercado Pago durante 2025 amplió el ecosistema más allá de la banca tradicional. La estrategia oficial publicada por Banxico apunta hacia la convergencia: homologar CoDi y DiMo dentro de SPEI para constituir un mecanismo único de pagos digitales para personas físicas, con la expectativa de que la simplicidad de la experiencia desplace al efectivo en operaciones cotidianas.
El ecosistema fintech regulado
El segundo motor del cambio es la propia industria fintech, encuadrada por la LRITF. La ley reconoce dos figuras principales: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), que pueden emitir y custodiar saldos digitales y operar tarjetas asociadas, y las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC), plataformas de crowdfunding de deuda, capital o copropiedad. Hacia el cierre de 2025, la CNBV reportaba 89 ITF autorizadas: 62 IFPE y 27 IFC. La cifra debe leerse con cautela: durante 2025 sólo dos nuevas autorizaciones llegaron a término, lo que confirma el endurecimiento progresivo del proceso de autorización tras la fase inicial de la ley.
La LRITF también contempla dos instrumentos complementarios. El esquema de Modelos Novedosos —el llamado sandbox regulatorio— permite probar productos disruptivos en condiciones controladas, aunque su uso efectivo ha sido limitado, con muy pocos casos graduados. Las disposiciones de Finanzas Abiertas u Open Finance, base para la portabilidad de datos financieros entre instituciones, avanzaron mediante reformas y disposiciones secundarias en 2024 y 2025, con énfasis en estándares de interoperabilidad de APIs y nuevas figuras de custodios de activos virtuales y de calificación crediticia automatizada.
El impacto de las fintech sobre las brechas estructurales es objeto de estudio creciente. Estimaciones derivadas del comportamiento de las plataformas reportan una reducción de la brecha de género en el acceso a crédito otorgado por fintech, que entre enero de 2023 y septiembre de 2025 habría pasado de 8.8 % a 2.6 % de diferencia. La cifra contrasta con la persistencia de la brecha agregada en tenencia de productos formales y sugiere que los modelos digitales sin sucursales físicas pueden alcanzar segmentos que la banca tradicional no atiende, en particular mujeres jóvenes y trabajadoras informales urbanas.
Infraestructura física e inclusión
A pesar de la digitalización, la cobertura física del sistema sigue siendo determinante. Según el Panorama Anual de Inclusión Financiera de la CNBV, al cierre de 2023 las cuentas de ahorro alcanzaron 162.6 millones de contratos, con un crecimiento anual de 13 %. La red de terminales punto de venta (TPV) llegó a 6.1 millones de unidades tras la incorporación, por primera vez en la estadística, de las TPV operadas por agregadores no bancarios; el incremento neto fue de más de 580,000 terminales en un año.
En la red de sucursales, el dato más relevante es la consolidación del Banco del Bienestar como institución con la mayor cobertura territorial del país, con 2,802 sucursales. Aunque su modelo está concentrado en la dispersión de programas sociales, su despliegue redibuja el mapa de acceso físico al sistema financiero, en particular en municipios rurales sin presencia previa de banca comercial. Análisis de IMCO han subrayado, sin embargo, que la dispersión de programas sociales no equivale por sí misma a inclusión financiera plena: se requiere que los receptores utilicen los productos asociados —ahorro, crédito, transferencias— de forma sostenida, lo que la ENIF 2024 evidencia que ocurre sólo de manera parcial.
Marco de política pública
La política pública de inclusión cuenta con un nuevo marco. La Política Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024, vigente durante el periodo cubierto por la ENIF, fijó como objetivos centrales el incremento de los pagos digitales, el fortalecimiento de la salud financiera y la atención a poblaciones vulnerables. La CNBV publicó posteriormente la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, que actualiza el diagnóstico y reordena prioridades a partir de los avances digitales documentados.
El reto declarado para el nuevo ciclo es triple. Primero, cerrar las brechas de género y geográficas que persisten, con énfasis en zonas rurales y municipios con baja cobertura. Segundo, transformar la tenencia en uso efectivo: cuentas activas, ahorro recurrente y crédito accesible. Tercero, garantizar protección al usuario en un entorno donde la digitalización amplía la superficie de fraudes y la complejidad informativa de los productos. Las reformas en Finanzas Abiertas, las disposiciones sobre activos virtuales y la unificación de los rieles de pago digital responden, al menos en parte, a esa agenda.
Conclusiones
- La inclusión financiera avanzó: la ENIF 2024 documenta que 76.5 % de la población adulta tiene al menos un producto financiero formal, 8.1 puntos porcentuales más que en 2015. La cuenta de ahorro formal subió a 63.0 % y el crédito formal a 37.3 %.
- Las brechas estructurales persisten: la diferencia de tenencia entre hombres (80.9 %) y mujeres (72.8 %) es de 8.1 puntos, y se profundiza en la cuenta AFORE. Hablantes de lengua indígena (58.2 %) y zonas rurales (13.5 % de uso de internet bancario) acumulan rezago.
- El uso digital creció a ritmo acelerado: la banca móvil pasó de 54.3 % a 69.1 % entre 2021 y 2024, y la apertura de cuentas vía aplicaciones no bancarias pasó de 2.7 % a 10.3 % en el mismo periodo.
- SPEI se consolidó como infraestructura ubicua: 7,300 millones de transferencias en 2025, con un 94 % de operaciones por debajo de los 13,200 pesos, y proyección de superar a las tarjetas en 2026 según Banxico.
- CoDi no logró masificarse: con 17.8 millones de operaciones acumuladas en seis años frente a 7,300 millones de SPEI en un solo año, su participación es marginal. La estrategia oficial transita hacia la convergencia con DiMo dentro de SPEI.
- El ecosistema fintech regulado se estabilizó: 89 ITF autorizadas (62 IFPE y 27 IFC), con sólo dos altas en 2025, y avances en sandbox, finanzas abiertas y custodios de activos virtuales tras las reformas de 2024-2025.
- El nuevo ciclo de política pública —Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030— deberá cerrar brechas territoriales y de género, y convertir tenencia formal en uso efectivo, con la digitalización como palanca pero sin descartar el papel del despliegue físico.
El balance, en suma, sugiere que México completó la fase de instalación de la infraestructura digital de inclusión financiera. La fase pendiente —transformar acceso en uso, cerrar brechas y proteger al usuario— exigirá calibración fina entre regulación, competencia y educación financiera. Los datos de la ENIF posterior, ya en el ciclo 2025-2030, ofrecerán el siguiente termómetro.