Informalidad laboral en México: diagnóstico estructural al inicio de 2026
Radiografía de la informalidad laboral mexicana: magnitud, distribución sectorial y geográfica, brechas de género y su vínculo con la cobertura de seguridad social.
Contexto
La informalidad laboral constituye la característica estructural más persistente del mercado de trabajo mexicano. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI registró a 32.9 millones de personas en alguna modalidad de empleo informal, equivalentes al 55 por ciento de la población ocupada. La cifra supera en 494 mil personas al mismo trimestre de 2024 y representa el nivel más alto en tres años.
El fenómeno trasciende la mera ausencia de contrato formal: implica ausencia de cobertura de seguridad social, ingresos volátiles y productividad agregada inferior a la del sector formal. La paradoja del mercado laboral mexicano reciente consiste en que la tasa de desocupación se mantiene en mínimos históricos —2.5 por ciento en el cuarto trimestre de 2025— mientras el porcentaje de trabajadores sin protección social avanza.
Definiciones y métricas
La ENOE distingue dos conceptos frecuentemente confundidos. La Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI) mide exclusivamente a quienes trabajan en unidades económicas operadas desde hogares sin contabilidad separada; en diciembre de 2025 alcanzó 29.1 por ciento, con 17.6 millones de ocupados. La Tasa de Informalidad Laboral (TIL), más amplia, agrega a trabajadores en empresas formales sin acceso a seguridad social, al servicio doméstico no protegido y al trabajo agrícola familiar. Es esta segunda métrica la que da la cifra global de 55 por ciento.
La distinción no es menor para el análisis de política pública: una proporción relevante de la informalidad ocurre dentro de unidades económicas formales que no registran a todos sus trabajadores ante el IMSS, fenómeno que requiere instrumentos distintos a los que se emplean para incorporar al autoempleo de subsistencia.
Evolución reciente
La tendencia de 2025 muestra un deterioro sostenido. En el primer trimestre la tasa se ubicó en 54.3 por ciento, ascendió a 54.8 en el segundo, 55.4 en el tercero y cerró el año en 55 por ciento. Los primeros meses de 2026 confirman la inercia alcista: 54.9 por ciento en enero con 32.7 millones de trabajadores informales y 54.8 por ciento en febrero con aproximadamente 33 millones.
El comportamiento contrasta con el dinamismo del registro patronal ante el IMSS, que en octubre de 2025 contabilizó 22.6 millones de puestos de trabajo, cifra récord en su serie histórica. Sin embargo, la generación neta anual de empleo formal en 2025 figuró entre las tres más bajas de los últimos quince años, superada únicamente por 2020 y 2024 según el seguimiento de México, ¿cómo vamos?. La coexistencia entre máximos en el stock de afiliados y mínimos en el flujo anual sugiere saturación de los mecanismos actuales de formalización.
Distribución geográfica
La informalidad reproduce con fidelidad la desigualdad regional mexicana. Los tres estados con mayor incidencia en el cuarto trimestre de 2025 se concentran en el sur: Oaxaca, con 80.1 por ciento de su población ocupada en la informalidad; Guerrero, con 75.7 por ciento; y Chiapas, con 74.9 por ciento. En el extremo opuesto, las entidades del norte industrial registran tasas que se sitúan en aproximadamente la mitad de esos niveles.
Tasa de informalidad laboral por entidad, cuarto trimestre 2025
| Entidad | Tasa de informalidad |
|---|---|
| Oaxaca | 80.1% |
| Guerrero | 75.7% |
| Chiapas | 74.9% |
| Chihuahua | 36.2% |
| Nuevo León | 35.4% |
| Coahuila | 33.3% |
La brecha de 46.8 puntos porcentuales entre Oaxaca y Coahuila refleja diferencias estructurales en la composición productiva: la economía industrial y maquiladora del norte concentra actividades con escala suficiente para sostener nóminas formales, mientras que el sur depende en mayor medida de agricultura de subsistencia, comercio al menudeo y servicios personales de baja productividad.
Composición sectorial
La distribución por sector de la población ocupada en 2025 revela la base estructural del problema. Los servicios concentraron 27.2 millones de personas (44.6 por ciento del total); el comercio 12.0 millones (19.7 por ciento); la industria manufacturera 9.8 millones (16.1 por ciento); la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 6.3 millones (10.3 por ciento); y la construcción 4.8 millones (7.9 por ciento).
La informalidad no se reparte homogéneamente entre estos sectores. El sector primario, el comercio al menudeo y la construcción presentan tasas estructuralmente superiores al promedio nacional, mientras que la manufactura y los servicios financieros registran los niveles más bajos. Durante 2025 la construcción perdió 226 mil empleos y la manufactura 118 mil respecto al año previo, dinámica que comprime los canales históricamente asociados al tránsito desde la informalidad hacia el empleo protegido.
Brechas de género
La informalidad afecta de forma desproporcionada a las mujeres. En el cuarto trimestre de 2025 la tasa femenina se ubicó en 55.8 por ciento frente a 54.4 por ciento en los hombres. En 22 de las 32 entidades la brecha favorece a los varones, siendo Yucatán (7.07 puntos porcentuales), Nuevo León (6.19), Coahuila (5.76), Hidalgo (5.35) y Colima (5.33) las entidades con mayor diferencia.
La brecha de ingresos amplifica la desventaja. De acuerdo con los cruces de la ENOE difundidos por el INEGI, las mujeres con empleo formal percibieron en promedio 16 mil 434 pesos mensuales frente a 19 mil 361 pesos de los hombres. En el empleo informal la diferencia se ensancha: 7 mil 449 pesos para las mujeres contra 11 mil 490 pesos para los hombres. El ingreso informal masculino supera en más de 54 por ciento al femenino, diferencial superior al observado en el segmento formal.
La mayor concentración femenina en modalidades como el trabajo doméstico remunerado, el autoempleo de subsistencia y el comercio ambulante explica parcialmente la brecha. A ello se añade el peso diferenciado del trabajo de cuidados no remunerado, que limita la disponibilidad de tiempo para insertarse en empleos formales de jornada completa.
Informalidad, pobreza y protección social
El vínculo entre informalidad y carencia social opera en dos direcciones. Por un lado, el 44.8 por ciento de los hogares con trabajadores informales vive en pobreza laboral, según los cruces del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza con Intervalos de Salarios (ITLP-IS). Por otro, la pobreza restringe la posibilidad de acumular capital humano que facilite la transición al sector formal, consolidando un equilibrio de baja productividad.
Paradójicamente, la pobreza laboral agregada cerró 2025 en 32.3 por ciento de la población, mínimo histórico de la serie, con una reducción de 3.1 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2024 (35.4 por ciento). La caída se atribuye al crecimiento real del salario mínimo y de los ingresos laborales en el segmento inferior de la distribución, no a una recomposición hacia empleos formales. En términos absolutos, 42.3 millones de personas residen en hogares cuyo ingreso laboral no alcanza para adquirir la canasta alimentaria familiar.
La OCDE, en su informe “Expanding Social Protection and Addressing Informality in Latin America” publicado en octubre de 2025, identifica a la informalidad mexicana como el factor que más limita la extensión efectiva de la cobertura sanitaria y pensionaria. El organismo estima que más de 34 por ciento de la población carecía de acceso regular a servicios de salud en 2024 y que la persistencia de la informalidad reproduce bajos niveles de productividad y alta desigualdad.
Transición institucional en la medición
Un factor adicional del ciclo 2025-2026 es el tránsito de las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) hacia el INEGI en materia de medición de pobreza. La transferencia, derivada de la reforma constitucional de 2024 que extinguió al organismo autónomo, concentra en una sola institución la producción de microdatos de ENOE y la metodología oficial de pobreza. El arreglo plantea ventajas de integración técnica, pero también inquietudes sobre la independencia de la evaluación respecto del ejecutivo federal.
La continuidad metodológica del ITLP-IS y de las series de informalidad ha sido preservada hasta ahora, pero la comparabilidad de largo plazo dependerá de la estabilidad de los procedimientos adoptados por la nueva unidad responsable dentro del INEGI.
Instrumentos de política en debate
Las recomendaciones internacionales y la discusión pública local convergen en tres ejes. El primero es la simplificación del régimen fiscal y de seguridad social para micro y pequeñas empresas, siguiendo modelos como el monotributo argentino o el régimen simplificado brasileño, con el objetivo de reducir el costo marginal de la formalización. El segundo es la ampliación de la cobertura no contributiva sin generar desincentivos a la cotización, asunto particularmente sensible en la interacción entre la Pensión del Bienestar y el Sistema de Ahorro para el Retiro. El tercero es el fortalecimiento de la fiscalización laboral, cuya capacidad se ha visto limitada por la reducción presupuestaria y de plantillas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Organizaciones como Oxfam México y think tanks especializados han insistido en que ninguno de los tres ejes por separado basta. La evidencia de 2025 apunta a que la recuperación del salario mínimo, aunque socialmente valiosa, no alcanzó para modificar el margen extensivo de formalización y que, sin reforma integral, la tasa seguirá oscilando en torno a la franja del 54 al 56 por ciento.
Conclusiones
- La informalidad se mantiene en niveles estructuralmente altos: 55 por ciento de la población ocupada al cierre de 2025 y arriba de 54 por ciento en los primeros meses de 2026, pese a condiciones de baja desocupación.
- La desigualdad regional es determinante: Oaxaca, Guerrero y Chiapas triplican las tasas de las entidades industriales del norte, reflejo de la composición productiva heterogénea del país.
- La brecha de género se manifiesta en prevalencia e ingreso: las mujeres enfrentan mayor informalidad y, dentro del segmento informal, reciben ingresos 35 por ciento inferiores a los de los hombres.
- La reducción de la pobreza laboral no provino de la formalización, sino del incremento real de los ingresos mínimos; la protección social efectiva permanece ligada al empleo formal.
- La transición CONEVAL-INEGI exige vigilancia metodológica para preservar la comparabilidad de las series de mercado laboral y pobreza.
La información desagregada de la ENOE se encuentra disponible en el portal del INEGI para consulta pública, incluyendo microdatos trimestrales y tabulados estatales.