Datos

Estadística de Matrimonios y Divorcios 2024: dinámica del vínculo conyugal en México y consolidación del divorcio incausado

Lectura de EMAT y EDIV 2024 del INEGI: 486,645 matrimonios, 161,932 divorcios, razón de 33.3 por cada 100 uniones y la consolidación del divorcio incausado.

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Por Estructura

Contexto

Las estadísticas de matrimonios y divorcios que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) constituyen el registro más antiguo y de mayor cobertura del vínculo conyugal formal en México. La obligación de asentar cada evento de estado civil ante un juez u oficial del Registro Civil, dispuesta por las leyes locales y por el Código Civil Federal, se traduce para efectos estadísticos en un universo de registros administrativos captado de manera censal por el INEGI en coordinación con las 32 entidades federativas y con la judicatura familiar. La publicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2024, difundida por el INEGI en septiembre de 2025 mediante los comunicados asociados a la Estadística de Matrimonios (EMAT) y a la Estadística de Divorcios (EDIV), confirma tres tendencias estructurales: una nupcialidad decreciente, una razón divorcios/matrimonios en ascenso y la consolidación del divorcio sin expresión de causa como modalidad dominante en el conjunto del país.

El presente análisis revisa la arquitectura de las series 2024, contrasta las cifras con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 y con los tabulados del Censo de Población y Vivienda 2020, y ubica la evidencia en el debate sobre la transformación del hogar mexicano. La lectura es relevante no sólo para el análisis demográfico. También lo es para la política pensionaria —el retiro por matrimonio del artículo 165 de la Ley del Seguro Social y las pensiones por viudez del régimen del IMSS y del ISSSTE dependen del vínculo formal—, para la judicatura familiar y para el diseño de política pública de cuidados y protección social.

Arquitectura estadística: registros administrativos como fuente primaria

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, atribuye al INEGI la coordinación del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, en cuyo marco se procesan las estadísticas vitales. El insumo básico son las actas expedidas por los registros civiles estatales y los expedientes de sentencia dictados por juzgados familiares, civiles o mixtos, según la organización procesal de cada entidad. Los datos se integran mediante convenios interinstitucionales de intercambio, se someten a procesos comunes de validación e imputación y se clasifican bajo catálogos armonizados con la práctica internacional en estadísticas vitales.

La cobertura pretende ser exhaustiva del universo formalizado ante autoridad. Esa aspiración censal convierte a las series de matrimonios y divorcios en la única fuente que agota el conteo de eventos con efecto jurídico. Sus limitaciones derivan del sub-registro: los matrimonios religiosos sin efecto civil, las uniones libres nunca inscritas y las rupturas resueltas sin proceso judicial formal quedan fuera del universo captado. Por ello el INEGI complementa las series vitales con instrumentos como la ENADID y el Censo, que sí registran uniones libres y separaciones de hecho, y cuya lectura conjunta permite estimar la distancia entre lo que ocurre en los hogares y lo que llega a los registros.

La modernización de los registros civiles estatales, impulsada por convenios con la Secretaría de Gobernación y por la digitalización progresiva de los documentos de estado civil, ha reducido rezagos históricos en el procesamiento. La publicación del INEGI en septiembre de 2025 recoge los eventos ocurridos durante 2024 y refleja la información disponible al corte técnico del ejercicio; revisiones marginales al alza son habituales cuando entidades con procesos más lentos actualizan sus envíos.

Matrimonios en 2024: 486,645 uniones y la caída sostenida de la nupcialidad

De acuerdo con la EMAT 2024, en el país se celebraron 486,645 matrimonios durante el ejercicio. La cifra continúa la trayectoria descendente registrada desde el máximo histórico observado a finales de la década pasada y confirma un giro estructural en la formación de parejas. Al ubicar el dato en la serie de largo plazo, las cifras publicadas por el INEGI muestran una reducción acumulada superior a treinta por ciento respecto de los promedios anuales del quinquenio 2006-2010, pese al crecimiento de la población en edad de casarse. La tasa bruta de nupcialidad —matrimonios por cada mil habitantes— se mantiene por tanto en niveles muy inferiores a los prevalecientes hace dos décadas.

El fenómeno se refleja también en la composición etaria del stock de personas en unión. Los tabulados del Censo 2020 y las proyecciones inter-censales del propio INEGI documentan que entre las personas de 15 a 29 años, la proporción de casados retrocedió de 20.9 por ciento en 2005 a 7.6 por ciento en 2025. En términos absolutos, millones de jóvenes postergan hoy la formalización de sus uniones, optan por la unión libre —cuyo peso ha crecido con especial fuerza en los grupos de menores de treinta años— o eligen permanecer solteros durante ventanas más prolongadas. La postergación desplaza la mediana de edad al primer matrimonio hacia niveles cercanos a los observados en economías de la OCDE con transiciones demográficas más avanzadas.

Composición por edad y sexo

La EMAT desagrega los datos por sexo y edad simple de los contrayentes. La mediana de edad se ubica en la treintena para varones y en la segunda mitad de los veinte para mujeres, con una brecha entre sexos que se ha estrechado en la última década. La mayor concentración de eventos se localiza entre los 25 y los 34 años, franja en la que se registra alrededor de la mitad de los matrimonios del año, mientras que la participación de personas menores de veinte años, dominante hasta los ochenta, hoy es residual.

Matrimonios entre personas del mismo sexo

La serie 2024 captura de manera desagregada los matrimonios entre personas del mismo sexo, componente que ha crecido desde la generalización de la figura en las 32 entidades federativas. La legalización quedó completa en 2022, tras el consenso legislativo estatal impulsado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declararon inconstitucionales los códigos civiles restrictivos. Aunque la cifra absoluta sigue por debajo de la de matrimonios entre personas de distinto sexo, la tasa de crecimiento ha sido consistentemente positiva desde 2015 y ha convertido a la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco en las entidades con mayor densidad de registros.

Divorcios en 2024: 161,932 rupturas y la razón de 33.3 por cada 100 matrimonios

En contraste con la nupcialidad, los divorcios mantuvieron su tendencia ascendente. La EDIV 2024 reporta 161,932 divorcios ocurridos durante el ejercicio, cifra que se traduce en una razón de 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios celebrados en el mismo año. La lectura comparada revela la magnitud del cambio: la razón registrada en 2015 fue de aproximadamente 22 divorcios por cada 100 matrimonios, lo que implica un incremento acumulado del orden de once puntos porcentuales en menos de una década. La combinación de menos matrimonios en el denominador y más divorcios en el numerador explica el reajuste, y anticipa que la razón continuará presionada al alza si las tendencias de nupcialidad y ruptura no se estabilizan.

Indicador (INEGI)2015 (aprox.)2024
Matrimonios registrados~558,000486,645
Divorcios registrados~123,000161,932
Razón divorcios/100 matrimonios~2233.3

Fuente: INEGI, EMAT y EDIV, series históricas y ediciones 2024.

Duración de la unión al momento del divorcio

La EDIV publica tabulados sobre la duración social del matrimonio previa a la disolución, calculada como diferencia entre la fecha del enlace y la fecha de la sentencia. La distribución 2024 mantiene la forma bimodal de los ejercicios recientes: una fracción relevante se concentra en los primeros cinco años y otra franja significativa en uniones con más de veinte años. Esta última refleja el fenómeno conocido como grey divorce —rupturas tardías vinculadas a la reconfiguración de trayectorias vitales una vez que los hijos alcanzan la mayoría de edad—.

Distribución geográfica

Las tasas de divorcio muestran heterogeneidad estatal amplia. Las entidades del norte del país, con Nuevo León, Chihuahua y Baja California a la cabeza, y la Ciudad de México sostienen las razones divorcios/matrimonios más altas del sistema, con niveles que superan de manera consistente al promedio nacional. En el extremo opuesto se ubican Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con razones inferiores a la mitad del agregado nacional. La diferencia refleja tanto la disponibilidad efectiva de la vía judicial y la simplificación procesal impulsada por las reformas locales al Código Civil, como el peso relativo de las uniones libres en el sur del país, que al no requerir divorcio para disolverse quedan fuera del numerador de la EDIV.

La consolidación del divorcio incausado

Un rasgo distintivo del período 2015-2024 es la absorción del divorcio sin expresión de causa —también llamado divorcio incausado o unilateral— como modalidad dominante. La reforma pionera del entonces Distrito Federal, aprobada en 2008, eliminó la carga procesal de acreditar causales taxativas y sustituyó la lógica adversarial por un procedimiento centrado en la manifestación libre de voluntad de cualquiera de los cónyuges. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consolidó la doctrina en la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 de la Primera Sala, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que declaró inconstitucionales las disposiciones estatales que exigieran expresión de causa. A partir de esa jurisprudencia, las entidades que no habían actualizado sus códigos quedaron obligadas a garantizar por vía de amparo el acceso al divorcio incausado, y en los años siguientes la mayoría reformó su marco local en el mismo sentido.

El efecto agregado sobre las series es visible. Los tabulados de la EDIV registran una migración progresiva del divorcio por mutuo consentimiento —clasificación dominante antes de 2008— hacia el divorcio incausado, hasta hacer de éste la modalidad mayoritaria en 2024. La transición procesal ha acompañado una caída del tiempo promedio para obtener sentencia y ha reducido la judicialización adversarial, aunque no la carga sobre los juzgados: al eliminarse la barrera de la causal, el número absoluto de solicitudes creció incluso en entidades con sistemas judiciales saturados. El divorcio administrativo, disponible en varias entidades cuando no existen hijos menores ni bienes por repartir, complementa el mapa procesal, pero su peso en las series es menor.

Contraste con Censo y ENADID: la unión libre como sombra estadística

La lectura conjunta con instrumentos poblacionales permite dimensionar el peso relativo del vínculo formal. La ENADID 2023, publicada por el INEGI en 2024 como base actualizada del análisis demográfico, documenta que la unión libre concentra alrededor de una quinta parte de la población en unión, con una brecha creciente frente al matrimonio civil o religioso. En cohortes menores de 35 años, la proporción de uniones libres iguala o supera a los matrimonios formales en varias entidades. Este contraste es central para interpretar los registros administrativos: si el matrimonio deja de ser la puerta de entrada dominante a la vida en pareja, la EMAT captura una porción decreciente del universo de uniones efectivas, y la EDIV registra únicamente las rupturas de las parejas que sí formalizaron.

El Censo 2020 refuerza este marco. Sus tabulados de estado conyugal muestran, para la población de 12 años y más, la coexistencia de porciones significativas de personas separadas, divorciadas y viudas, así como una masa relevante de personas en unión libre. La convivencia estable sin trámite ante el Registro Civil ha dejado de ser excepción y forma parte del paisaje demográfico nacional, con implicaciones para el derecho de familia, el acceso a pensiones por viudez y la política pública de cuidados.

Implicaciones para la política pública

Las series 2024 tienen usos analíticos y operativos concretos. En el terreno pensionario, la nupcialidad decreciente y el crecimiento de las uniones libres inciden sobre la elegibilidad para la pensión por viudez y para el retiro por matrimonio del artículo 165 de la Ley del Seguro Social. Aunque este último es un beneficio residual —30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 3,519.30 pesos en 2026—, su universo elegible se reduce a la par que la formalización de uniones. La pensión por viudez, por su parte, depende de la acreditación del vínculo formal en el momento del fallecimiento, con lo que la unión libre sólo genera derechos bajo requisitos adicionales sobre la duración de la convivencia y la ausencia de vínculos concurrentes.

Sobre la judicatura, el crecimiento del volumen de divorcios impacta la carga de trabajo de los juzgados familiares. La incorporación del divorcio incausado ha permitido acortar los tiempos procesales medios, pero no ha eliminado los cuellos de botella asociados al reparto de bienes, la fijación de pensiones alimenticias y el ejercicio compartido de la patria potestad. La política de mediación familiar, promovida en varias entidades como alternativa al proceso adversarial, encuentra en las series de la EDIV una referencia empírica para evaluar su cobertura.

En el terreno estadístico, la agenda 2025-2030 del INEGI prevé consolidar el uso primario de registros administrativos para las estadísticas vitales, con mejoras esperadas en oportunidad y desagregación geográfica. La articulación con el Registro Nacional de Población, con la CURP y con los convenios de intercambio con los 32 registros civiles estatales son los instrumentos centrales de esa transición, que busca reducir el rezago actual de aproximadamente nueve meses entre la ocurrencia del evento y su publicación.

Conclusiones

  1. La Estadística de Matrimonios y la Estadística de Divorcios 2024 del INEGI, publicadas en septiembre de 2025, reportan 486,645 matrimonios y 161,932 divorcios registrados en el país, con una razón de 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios, once puntos porcentuales más alta que la observada en 2015.
  2. La fuente censal de estas series —los registros administrativos del Registro Civil y de la judicatura familiar— constituye la única cobertura completa del vínculo formal, pero convive con un fenómeno creciente de unión libre no captado por las actas y sólo visible en instrumentos como la ENADID 2023 y el Censo 2020.
  3. La caída de la nupcialidad es estructural: entre las personas de 15 a 29 años, la proporción de casados retrocedió de 20.9 por ciento en 2005 a 7.6 por ciento en 2025, un cambio de composición que reordena el mercado de derechos derivados del vínculo conyugal y desplaza la mediana de edad al primer matrimonio.
  4. El divorcio incausado se ha consolidado como modalidad dominante tras la reforma del Distrito Federal de 2008 y la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 de la Primera Sala de la SCJN, con impacto directo sobre la carga procesal y sobre la duración media de los juicios familiares.
  5. La heterogeneidad geográfica es amplia: Nuevo León, Chihuahua, Baja California y la Ciudad de México sostienen razones de divorcio por encima del promedio nacional, mientras que Guerrero, Oaxaca y Chiapas se ubican en el extremo bajo, patrón vinculado tanto a la simplificación procesal local como al peso relativo de las uniones libres en el sur del país.
  6. Las series 2024 tienen aplicación directa sobre la política pensionaria —pensión por viudez y retiro por matrimonio—, sobre la judicatura familiar y sobre la agenda estadística 2025-2030 del INEGI, que prevé profundizar el uso de registros administrativos y reducir el rezago entre la ocurrencia del evento y su publicación.

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