Retiros por desempleo del SAR: el récord de 2025 y su costo pensionario
Las Afores pagaron casi 39 mil millones de pesos por desempleo en 2025, un máximo histórico que erosiona semanas de cotización pese al empleo en mínimos.
Contexto
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra los recursos de más de 72 millones de cuentas individuales. Esos saldos están concebidos como ahorro de largo plazo destinado a financiar una pensión, pero la legislación contempla una válvula de liquidez excepcional: el retiro parcial por desempleo. Durante 2025, esa válvula alcanzó una magnitud sin precedente. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), los trabajadores retiraron 39,118 millones de pesos de sus cuentas por concepto de desempleo, el monto más alto registrado desde que existe la figura.
La cifra resulta paradójica. El máximo histórico de retiros coincidió con un mercado laboral que cerró el año con la tasa de desocupación más baja de la serie reciente. Esa contradicción —más dinero saliendo del ahorro pensionario cuando hay menos personas sin empleo— es el punto de partida para entender un fenómeno que combina un diseño normativo permisivo, un esquema de fraude por intermediarios y un costo silencioso sobre las semanas de cotización que determinan el acceso a una pensión.
Qué permite la ley: modalidades y requisitos
El retiro parcial por desempleo está regulado en el artículo 191 de la Ley del Seguro Social. La figura permite que un trabajador afiliado al IMSS que perdió su empleo disponga de una parte de su subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV) antes de cumplir los requisitos de pensión. El trámite es gratuito, se gestiona directamente ante la Afore o a través de los canales digitales de CONSAR, y exige acreditar al menos 46 días naturales sin estar sujeto a una relación laboral.
La normativa vigente distingue dos modalidades en función de la antigüedad de la cuenta:
| Modalidad | Antigüedad de la cuenta | Monto del retiro |
|---|---|---|
| A | Tres años o más y 12 cotizaciones bimestrales | 30 días del salario base de cotización, con tope de 10 UMA mensuales |
| B | Cinco años o más | El menor entre 90 días del salario base de las últimas 250 semanas o el 11.5% del saldo de la subcuenta RCV |
Según la CONSAR, en la modalidad más común el monto se ubica alrededor de 35 mil pesos por operación. La condición esencial —y a menudo desconocida por quien realiza el trámite— es que el dinero retirado no es un seguro de desempleo financiado por terceros: proviene del propio ahorro del trabajador y, por lo tanto, reduce el saldo con el que financiará su retiro.
La trayectoria reciente: tres años de máximos consecutivos
Los retiros por desempleo han escalado de forma sostenida. Al cierre de 2024 sumaron 30,727 millones de pesos, una cifra que en su momento fue récord, con un incremento real de 7.6% respecto a 2023, de acuerdo con cifras del sistema reportadas a inicios de 2025. El salto de 2025 fue todavía mayor: los 39,118 millones de pesos representaron un aumento cercano a 26% anual, según la CONSAR.
| Indicador | 2024 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Monto retirado (millones de pesos) | 30,727 | 39,118 | +27% nominal |
| Número de retiros | 1,717,002 | 1,944,402 | +13% |
| Retiros adicionales respecto al año previo | — | +227,400 | — |
El crecimiento no se limita al monto. En 2025 se registraron 1,944,402 operaciones de retiro, alrededor de 227 mil más que el año anterior. Comparado con 2019, el monto retirado en 2025 fue más del triple, equivalente a un alza de 223% en seis años. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) matiza la lectura: en su nota trimestral de enero de 2026 señala que, medido por número de operaciones, 2025 fue el segundo año más alto de la historia y que el récord en cantidad sigue correspondiendo a 2021. Para la asociación, el aumento del monto se explica en parte por el crecimiento de los salarios y de los saldos acumulados, no únicamente por una mayor frecuencia de retiros.
Concentración por administradora
El fenómeno se concentra en las Afores con mayor presencia entre trabajadores de ingresos bajos y media densidad de cotización. Al cierre de 2024, Afore Coppel registró el mayor saldo en retiros por desempleo, con 5,992.7 millones de pesos, seguida de Afore Azteca, con 5,243.0 millones. La segunda mostró además uno de los crecimientos más acelerados, cercano a 19% real en el año. La distribución no es casual: las administradoras orientadas a segmentos de menor ingreso atienden a poblaciones con trayectorias laborales más intermitentes y, por tanto, más expuestas a episodios de desempleo formal.
La paradoja: récord de retiros con desempleo en mínimos
La contradicción aparente entre el auge de los retiros y la salud del mercado laboral se resuelve al observar los datos de empleo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI ubicó la tasa de desocupación en 2.5% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre de 2025, equivalente a 1.6 millones de personas, uno de los niveles más bajos de la serie y de los menores entre los países de la OCDE. Si el desempleo se mantuvo en mínimos, el récord de retiros no puede atribuirse a un deterioro generalizado del empleo.
La explicación que ofrece la CONSAR apunta a una distorsión del trámite. El organismo estima que cerca de 68.8% del monto retirado por desempleo se origina en la intervención de intermediarios irregulares —los llamados gestores o “coyotes”— que cobran entre 8 mil y 10 mil pesos por un servicio que es gratuito, y en algunos casos comisiones de hasta 30% sobre el monto recuperado. El esquema de fraude más documentado consiste en simular el alta de un trabajador ante el IMSS, por un solo día y con un salario artificialmente elevado, para después tramitar el retiro en la modalidad que toma como referencia el último salario base de cotización. El resultado es un retiro inflado que no corresponde a la trayectoria real del trabajador y que, con frecuencia, deja a la persona con un saldo mermado sin que comprenda el costo asumido.
La conjunción de ambos elementos —empleo en mínimos y un esquema de gestoría irregular que infla los montos— configura un crecimiento de los retiros desligado del ciclo económico. No es la economía la que expulsa ahorro de las cuentas, sino una arquitectura de incentivos que premia la simulación.
El costo silencioso: las semanas de cotización
El componente menos visible del retiro por desempleo es su efecto sobre el derecho a pensión. El artículo 198 de la Ley del Seguro Social establece que la disposición de recursos de la cuenta individual reduce las semanas de cotización del trabajador en la misma proporción que el monto retirado representa respecto del total acumulado. En la práctica, retirar dinero hoy equivale a borrar parte del historial de cotización que da acceso a la pensión.
El mecanismo cobra relevancia por el endurecimiento gradual del requisito de semanas. La reforma de pensiones de 2020 redujo el umbral mínimo a 750 semanas en 2021, pero estableció un incremento anual progresivo: en 2024 se exigían 825 semanas y la trayectoria escala hasta 1,000 semanas en 2031. Cada retiro por desempleo aleja al trabajador de ese umbral móvil. La ley permite recuperar las semanas descontadas reintegrando los recursos retirados, pero la evidencia sugiere que la reposición es marginal: la mayoría de quienes disponen de su ahorro por desempleo no devuelve el monto, de modo que el descuento de semanas se vuelve permanente.
El costo es doble. Por un lado, el saldo de la cuenta se reduce y, con él, el monto de la futura pensión bajo el régimen de cuentas individuales. Por otro, la pérdida de semanas puede situar al trabajador por debajo del mínimo requerido para obtener una pensión garantizada, empujándolo hacia una negativa de pensión o hacia la sola devolución de su saldo. En un sistema cuyo problema estructural es la baja densidad de cotización —la proporción del tiempo laboral efectivamente cotizado—, los retiros anticipados operan en dirección contraria al objetivo de cobertura.
La respuesta regulatoria: reforma al artículo 191
Ante el crecimiento del fraude, el Poder Legislativo intervino sobre el cálculo del retiro. El 23 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —con 476 votos a favor— una reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social que busca cerrar el principal vector de simulación. Según la propia Cámara, el objetivo declarado es evitar que las prácticas de los falsos gestores afecten la pensión de los trabajadores.
El cambio central modifica la base de cálculo de la modalidad A: en lugar del último salario base de cotización registrado —el dato que los gestores manipulan mediante un alta ficticia—, el retiro se calcularía sobre el salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas. Al promediar un año de historial, un alta de un solo día con salario inflado pierde casi todo su efecto sobre el monto. La reforma también vincula la modalidad de retiro a la antigüedad de cotización y prevé que quienes tengan saldos elevados puedan retirar montos superiores al tope de 10 UMA cuando su cuenta lo justifique. El texto otorga al IMSS y a la CONSAR un plazo de 180 días, contado desde la entrada en vigor, para realizar los ajustes operativos necesarios.
La minuta fue turnada al Senado, donde permanece en revisión. La medida no está exenta de críticas: especialistas han señalado que el ajuste a la base de cálculo combate la simulación de los intermediarios, pero no resuelve la tensión de fondo entre la liquidez de corto plazo y la preservación del ahorro pensionario, ni reduce por sí mismo el incentivo del trabajador a disponer de sus recursos cuando enfrenta una necesidad inmediata. El debate pendiente es si la respuesta debe limitarse a corregir el fraude o si requiere repensar el equilibrio entre el acceso a liquidez en episodios de desempleo y la protección del objetivo último del sistema.
Conclusiones
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El récord de 2025 es de monto, no necesariamente de necesidad. Los 39,118 millones de pesos retirados por desempleo, según la CONSAR, marcaron un máximo histórico en un año con la desocupación en mínimos. El crecimiento se explica más por la gestoría irregular y el aumento de salarios y saldos que por un deterioro del empleo.
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El fraude por intermediarios es el motor principal del monto. La CONSAR estima que cerca de 68.8% del importe retirado se origina en falsos gestores que cobran por un trámite gratuito y simulan altas con salarios inflados para maximizar el retiro.
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El costo recae sobre las semanas de cotización. El artículo 198 de la Ley del Seguro Social descuenta semanas en proporción al monto retirado. Con un umbral mínimo que escala de 825 semanas en 2024 a 1,000 en 2031, cada retiro aleja al trabajador del derecho a pensión, y la reposición de semanas es excepcional.
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La reforma al artículo 191 ataca el síntoma fiscal, no la causa estructural. El cálculo sobre el salario promedio de 52 semanas, aprobado por unanimidad en Diputados y pendiente en el Senado, neutraliza la manipulación salarial, pero no altera el incentivo de fondo a disponer del ahorro ni mejora la densidad de cotización.
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El episodio ilustra la fragilidad de la liquidez en un sistema de capitalización individual. Mientras la cobertura pensionaria dependa de saldos y semanas que el propio trabajador puede mermar, la frontera entre la protección ante el desempleo y la erosión del retiro seguirá siendo difusa.
La información detallada sobre retiros parciales por desempleo está disponible en el portal de la CONSAR y en los reportes periódicos de AMAFORE.